Luego de su exitosa campaña por el Rechazo, los conservadores y extremistas de derecha parecieran haber sucumbido al estado de borrachera en que vivían hasta el 18 de octubre de 2019, aquel que les permitía sentenciar, convencidos, que en Chile “todo va de la mejor manera, en el mejor de los mundos posibles”, como afirmaba decía el personaje Pangloss en la novela “Candide” de Voltaire.
Por eso, su primera reacción frente a la irrupción del llamado “estallido social” fue atribuirlo a una siniestra conspiración tejida desde el exterior (en una sorprendente resurrección del lenguaje de la Guerra Fría), que estaba dotada de una estrategia de “revolución molecular” o “deconstrucción”, conceptos tomados del posestructuralismo francés, pero que en los “razonamientos” de los extremistas de derecha y sus aliados mutaban a nueva versión del foco guerrillero guevariano de los 60. Allí estaba el “enemigo poderoso, implacable” al que Sebastián Piñera declaró la guerra.
La completa falta de consistencia teórica y empírica de esos razonamientos con los que se pretendió desacreditar la revuelta social tenían una explicación. Era el retorcido modo de eludir lo obvio: la comprobada incapacidad del modelo neoliberal de generar crecimiento económico con equidad e inclusión social y la evidente impotencia de una institucionalidad, diseñada en la perspectiva de perpetuar el neoliberalismo, para expresar la diversidad de la ciudadanía y su voluntad de ejercer sus derechos de soberanía.
Luego de los resultados del plebiscito del 4 de septiembre pasado, la borrachera pareciera que se apoderó una vez más de los conservadores y extremistas de derecha. Creen que han cerrado el ciclo abierto a partir del 18 de octubre de 2019, que amenazó la perpetuación de esos privilegios de los que habló Cecilia Morel de Piñera hace casi tres años. Piensan que, incluso, han logrado estigmatizar el estallido social como una parte del fenómeno delictivo y han introducido exitosamente el mote “octubrismo” en el lenguaje de las elites políticas y empresariales (y sus medios de comunicación). El “peligro” ha pasado: valieron la pena las cuantiosas inversiones en capital, estrategias de marketing y gestión de algoritmos.
Sin embargo, la realidad social de Chile les tiene malas noticias. Las bases materiales que dieron origen al “estallido” están completamente vigentes. Estos son algunos de los datos que lo confirman, tomando como referencia ordenadora un contundente examen analítico del portal Fast Check.
- 1. El 83% de la población no posee estudios superiores, según la información entregada por la Subsecretaría de Educación Superior mediante su compendio histórico, comparando la cantidad total de titulados, entre 1999 y 2020 (2.907.414), con el número de población del país que fue establecido en el Censo de 2017 (17.574.003).
- El 39,6% de las y los chilenos no posee casa propia, según los datos de la última encuesta CASEN. Ese dato está consistencia con los reportes de la Cámara Chilena de la Construcción, que muestran que, sumando el total de familias que son arrendatarios de una vivienda y los que tienen otro tipo de tenencia, se llega a un 38% de la población.
- El 50% de las y los chilenos ocupados gana menos de $420.000 mensuales y un 69,4% de la población recibe ingresos menores o iguales a $635.134, según cifras de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2020 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). A este respecto, la Fundación SOL publicó un amplio estudio titulado “Los verdaderos sueldos de Chile”.
- Apenas el 18,2% de la población están adscritas al sistema de Isapres, según confirma un estudio que fue publicado por la Superintendencia de Salud en febrero de 2020. “En diciembre de 2018, existen 14.244.833 personas beneficiarias en el Fonasa y 3.404.896 en el Sistema Isapre, quienes representan 76% y 18,2% de la población del país”, detallaba.
- Las pensiones en promedio no superan los $250.000. La Superintendencia de Pensiones publicó un informe en febrero pasado, donde se presenta el monto promedio de pensiones pagadas en UF. Es así como de los 15.682 pensionados, se establece en 6,75 UF. Con datos del Servicio de Impuestos Internos actualizados a hoy, ello es equivalente a $232.609,252.
Unos pocos meses después del “estallido social” visitó Chile la ex Primera Ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, invitada por el Centro de Estudios Públicos. Señaló: “Una economía de mercado abierta y competitiva es importante, pero necesita ser complementada con fuertes inversiones en el ámbito social para así construir seguridad y desarrollo humano. Ciudadanos educados, saludables y capacitados, que gocen de protección social integral, constituyen una base vital para una economía fuerte y una sociedad cohesionada (…) Uno puede apreciar que, en Chile, los manifestantes han presentado su malestar respecto de la calidad de los servicios y el nivel de las pensiones. Muchos parecen sentirse excluidos del progreso alcanzado por Chile, o sienten que no se han visto suficientemente beneficiados. Será importante para Chile asegurar que el avance económico apunte a financiar servicios sociales y protección” (“La Tercera”, 22 de marzo de 2020).
Mientras ello no sea realidad cotidiana en el país, continuará vigente el clamor ciudadano para que la dignidad se haga costumbre.
Por Víctor Osorio Reyes. El autor es periodista y fue Ministro de Estado.
Santiago de Chile, 17 de octubre 2022.
Crónica Digital.
