Alejandra García Elizalde (*)
La Habana (Prensa Latina) Durante la campaña por la presidencia de Estados Unidos en 2020, el entonces candidato demócrata Joe Biden aseguró que crearía políticas migratorias justas, pero incumplió la promesa a casi un año de su llegada al poder.
En noviembre de 2020 el rival del republicano Donald Trump, en la carrera por la presidencia prometió trazar estrategias más duraderas y humanas que pusieran fin al trato cruel recibido por los indocumentados en la frontera sur con México.
Sin embargo, hoy incluso a sus partidarios les resulta difícil creer que Biden encontrará solución a la crisis e impondrá el equilibrio adecuado en materia de inmigración.
Recientemente, la Cámara de Representantes aprobó una Ley del presupuesto promovida por el presidente que incluye un grupo de reformas migratorias, entre ellas habilitar más permisos de trabajo para los indocumentados.
Pero la propuesta no otorga la ciudadanía estadounidense a 11 millones de personas que están en el país desde hace una década sin autorización, premisa principal que anunció Biden al arribar a la Casa Blanca en enero de 2021.
En su lugar, la última versión del plan económico conocido como Reconstruir Mejor (Build Back Better) permitirá un proceso conocido como parole para eximir de los requisitos de inmigración durante cinco años a quienes hayan vivido en el país desde 2011.
Una vez aprobado el plan, cerca de cinco millones de beneficiarios contarán durante el próximo quinquenio con permisos de trabajo, derecho a prestaciones sociales y tendrán la posibilidad de obtener el permiso de conducir.
También podrían solicitar una prórroga de cinco años, lo que les permitiría vivir y trabajar en el país hasta finales de 2031.
El Senado tendrá la última palabra sobre la propuesta, después de que rechazó en dos ocasiones otras versiones -que incluían políticas más amplias- por no cumplir las normas presupuestarias que permiten que la medida sortee el filibusterismo republicano.
El filibusterismo es la táctica que se emplea para retardar o impedir los acuerdos en asambleas políticas.
De acuerdo con los demócratas, esta nueva versión basta para demostrar que el partido no ignorará el problema migratorio durante las elecciones de medio término del próximo año.
BIDEN PODRÍA HACER MUCHO MÁS
Sin embargo, los defensores de derechos de los migrantes aseguran que estos esfuerzos no son suficientes, y la nueva propuesta no hace justicia con el trato merecido por las personas indocumentadas en el país, a quienes consideran una fuerza laboral imprescindible.
Es evidente que Biden podría hacer mucho más en cuanto a temas migratorios, dijo el antiguo representante demócrata Beto O’Rourke, quien recientemente anunció su candidatura para gobernador del estado fronterizo de Texas.
No obstante, el presidente estadounidense también enfrenta críticas por las nuevas aperturas que propone el plan de reconciliación en esta materia.
Para los republicanos, influenciados por la herencia xenófoba del expresidente Donald Trump (2017-enero 2021), este proyecto “inundará permanentemente el mercado laboral con trabajadores extranjeros más baratos, lo que reducirá los salarios y las oportunidades de empleo de los estadounidenses”.
Con críticas de un lado y otro, y con la popularidad en descenso, Biden está en la disyuntiva de mostrar compasión o contener a los inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, que llegan al país de forma ilegal al huir de la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades de sus naciones de origen.
Mientras los republicanos insisten en que la crisis fronteriza es responsabilidad única y exclusiva del presidente, los demócratas exigen que el mandatario ponga fin a las políticas implementadas por su antecesor.
De acuerdo con una encuesta de la cadena CNN, un 14 por ciento de los estadounidenses identificaron la migración como el principal problema al que se enfrenta el país, por detrás de la economía y la pandemia de la Covid-19.
Biden pasó su campaña electoral condenando las normas de la época de su antecesor, pero el país mantiene aún algunas de ellas calificadas como crueles, por dificultar el proceso de solicitud de asilo y reducir el número de refugiados permitidos en el país.
PERMANECER EN MÉXICO
Es el caso del programa Permanecer en México, creado por el gobierno de Trump y conocido oficialmente como “Protocolos de Protección al Migrante”.
Desde su surgimiento, la iniciativa reconfiguró el proceso de selección de asilo y empujó a los solicitantes hacia el otro lado de la frontera a esperar mientras sus casos judiciales de inmigración proceden en Estados Unidos.
La Casa Blanca puso fin a ese programa a principios de este año, pero un juez federal de Texas ordenó su reimplantación y Biden no ha hecho nada para revertir la decisión.
El 6 de diciembre, Washington comenzó a aplicar el programa siguiendo una orden judicial, aún cuando México no confirmó que aceptaría a las personas devueltas.
A finales de noviembre, el gobierno mexicano afirmó que no permitiría la devolución de migrantes hasta tener ciertas garantías desde Washington, como la financiación de los albergues y organizaciones sin ánimos de lucro a lo largo de la frontera, los cuales tendrían que apoyar a los indocumentados.
Entre las exigencias del presidente Andrés Manuel López Obrador a Biden están facilitarles a las personas el acceso a abogados, acortar el tiempo de espera de los solicitantes y garantizar la atención médica y vacunas contra la Covid-19.
El programa traerá consecuencias devastadoras, advierten los defensores de los derechos de las personas migrantes.
“Estos individuos son vulnerables a sufrir discriminación, a ser asaltados, asesinados o reclutados por las redes de narcotráfico que circulan en el norte de México”, aseguró la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
“Ellos no deberían enfrentarse a consecuencias de vida o muerte, ni tienen por qué navegar solos en un sistema legal complejo, con un idioma que no hablan y en una cultura a la que no están acostumbrados”, añadió la organización Catholic Legal Immigration Network (Red Católica para la Inmigración Legal).
Desde el 6 de diciembre Permanecer en México coexiste con el Título 42, una norma nefasta para indocumentados de la administración de Trump, que permite la expulsión acelerada de migrantes hacia el otro lado de la frontera.
El gobierno de Biden usó esa norma para justificar la deportación de haitianos que entraron a Texas de forma ilegal desde México.
Bajo esa política, los agentes de la Patrulla Fronteriza expulsaron a caballo y con látigos en mano a los indocumentados haitianos hacia el otro lado de la frontera, una imagen que reavivó recuerdos de períodos coloniales.
El Título 42 y Permanecer en México dispararán las cifras históricas registradas desde octubre de 2020 hasta octubre de 2021, según analistas.
En ese período, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) contabilizó más de 1,7 millones de detenciones de inmigrantes que cruzaron la frontera sur. De acuerdo con la entidad, este es el número más alto reportado por las autoridades migratorias en la última década.
El presidente Biden tenía la oportunidad de revertir el daño dejado por Trump, pero se queda de brazos cruzados mientras los migrantes mueren al cruzar el río Bravo. Los que llegan a tierra estadounidense son deportados mientras los niños, hacinados en refugios, aguardan un reencuentro familiar que difícilmente ocurrirá.
arb/age
(*) Periodista de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina
