A pocos días de que se conmemore el primer aniversario del estallido social del 18 de octubre de 2019, la temperatura sube hoy en Chile, atizada por el accionar violento del cuerpo de Carabineros.
Aun cuando la Fiscalía actuó con rapidez y el responsable del hecho fue puesto en prisión preventiva mientras dura la investigación, este hecho colocó a Carabineros en el centro de la tormenta una vez más, pues la violencia del viernes no es un suceso aislado.
También integrantes del cuerpo policial aparecen involucrados en casos pendientes, como es el juicio, que deberá retomarse este mes, por el asesinato a mansalva del joven mapuche Camilo Catrillanca, perpetrado el 14 de noviembre de 2018 en La Araucanía por efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros.
Ese hecho causó una crisis al interior de la institución cuando se comprobó que los implicados, incluidos altos mandos, intentaron obstruir las investigaciones, lo que condujo finalmente a la renuncia o destitución de una decenas de altos oficiales, incluido el entonces director de Carabineros, general Hermes Soto.
Pero antes del caso Catrillanca, la llamada Operación Huracán, que en 2017 pareció una operación de inteligencia que condujo a la detención de ocho mapuches supuestamente involucrados en acciones terroristas, no fue otra cosa que un burdo montaje, como demostró la Fiscalía en 2018 y cuyo juicio también sigue pendientes.
Por otro lado, decenas de funcionarios Carabineros están bajo otro dilatado proceso judicial como participantes en un tremendo escándalo por corrupción al destaparse un fraude por alrededor de 40 millones de dólares.
Todo ello sin olvidar que tras el estallido social del 18 de octubre de 2019, como resultado de reiteradas y sistemáticas violaciones, solo el Instituto Nacional de Derechos Humanos informó haber presentado dos mil 449 causas judiciales por abusos de agentes del Estado en las manifestaciones, la gran mayoría contra personal de Carabineros.
De esas denuncias, 169 corresponden a casos de personas que sufrieron traumas oculares graves, aunque soplo tres se han formalizado por lo que el INDH consideró lamentable a lentitud en el avance de las investigaciones judiciales, más cuando estas resultan claves para alcanzar la verdad y la justicia.
Vinculado con esta situación, recientemente la Contraloría General de la República abrió un sumario a Carabineros que incluye cargos contra siete generales de esa institución, tras recibir 457 denuncias anónimas y de organismos de derechos humanos.
A esos altos oficiales se les responsabiliza administrativamente por la extrema violencia contra los manifestantes, Y según la norma, si avanza la investigación, las sanciones a que se exponen ESOS generales van desde una amonestación en su expediente hasta la baja de la institución, además de que los antecedentes pueden ser empleados en un proceso penal por la Fiscalía.
Ahora, ante lo sucedido el viernes último, cobraron fuerza nuevamente las exigencias de la renuncia del general Mario Rozas, director de Carabineros, e incluso desde la oposición ya anunciaron que presentarán en breve una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, por su responsabilidad, a tono con su cargo, sobre las acciones de la institución policial.
Y también cada vez más voces demandan una transformación radical del cuerpo de Carabineros, que llegan incluso a plantear la creación de una policía totalmente nueva.
Santiago de Chile, 6 de octubre 2020
Crónica Digital/PL
