El multimillonario Warren Buffett afirmó: “Hay lucha de clases y los ricos la estamos ganando”. Con esta brutalidad quiero comprender el comportamiento de un gobierno lleno de contradicciones, que en lo retórico le habla a la ciudadanía, pero en los hechos gobierna para unos pocos: para su propia clase.
El Presidente de la Republica tomó la decisión de vetar la ley de servicios básicos que prohibía el corte de suministros durante el período de excepción constitucional, que fue aprobado por el Poder Legislativo y que representaba una solución, un pequeño alivio para las familias más vulnerables, pero también para una agonizante clase media que a golpes ha descubierto durante esta crisis que su ilusión de estabilidad estaba basada en el crédito y deudas que hoy no pueden pagar.
El mundo de los súper ricos, a los que pertenece Sebastián Piñera, es muy ajeno a nuestra clase media criolla. Es muy difícil pensar que alguien que paga el dividendo de su casa a 30 años o que va al supermercado a comprar comida con tarjeta de crédito, pueda sentir algún grado de cercanía, identificación o pertenencia con este pequeño grupo de millonarios. Lo cierto es que la condición de vulnerabilidad de la clase media nos pone en la misma línea a buena parte de la población en Chile.
¿Quiénes son los ricos? Según los datos de CreditSuisse y Bolton ConsultinGrup, existen dos grupos que concentran la riqueza nacional. El primero de 140 individuos que poseen más de US$100 millones cada uno y cuyas fortunas superan los US$150.000 millones, que son los “súper ricos” de Chile. El segundo grupo de 5.700 individuos que ostenta un patrimonio de US$5 a US$100 millones cada uno y concentran en total US$120.000 millones y que son considerados como “ricos”.
Ambos grupos suman 5.840 individuos, los que en total poseen una fortuna de US$270.000 millones que represente el 32% de la riqueza total de nuestro país. El resto de la riqueza nacional la tenemos los 18.000.000 de chilenos y chilenas que deberíamos sentirnos parte de una misma clase, la abusada, la postergada y la que pagará los costos de esta crisis, porque la desigualdad es tan brutal en nuestro país, que se cumple lo advertido por Joseph E. Stiglits en su libro “La Gran Brecha”, donde afirma que el 1% más rico tiene tanto patrimonio como todo el 99% restante.
Claro que en el 99% también hay matices, también hay brechas de desigualdad que se van reproduciendo, prueba de un sistema económico agotado y que producto del coronavirus desnudó la realidad.
¿Es justo entonces que los ricos y súper ricos deban contribuir más que los demás? Mi respuesta es sí, pero por obligación y no por caridad. Ellos deben financiar el apoyo a los millones de personas más vulnerables a quienes esta crisis ha puesto en jaque su supervivencia. Es justa la necesaria reciprocidad que reponga mínimos equilibrios al desbalance generado por la acumulación obscena de riqueza, por medio de un impuesto, proyecto de ley que hoy se debate en el congreso.
No obstante, ¿de qué servirá legislar, si cuando el proyecto llegue a manos del Ejecutivo, el Presidente lo va a vetar? De nada, por eso debe cambiar el modelo, por eso necesitamos una nueva Constitución. Por lo pronto, y para nuestra desgracia, la mayoría de la población tendremos que seguir esperando que llegue la boleta de servicios con el mensaje “corte en trámite”. A unos, primero; a otros, después.
Por Jonatan Díaz Herrera. El autor es Licenciado en Seguridad y Defensa, miembro del Observatorio de Crisis de Fundación Progresa y Secretario General del Partido Progresista de Chile.
Santiago, 29 de junio 2020.
Crónica Digital.
