La Comisión de Prisión Política y Tortura que instó a las víctimas a declarar fue creada por un decreto supremo y no estableció el secreto de 50 años como afirma el legislador. Fue un año después que el ex Presidente Ricardo Lagos Escobar lo incluyó en la ley consagrada a las reparaciones.
Por Carlos Antonio Vergara abogado y periodista
El gobierno del Presidente Gabriel Boric anunció que enviará al congreso una indicación para eliminar el secreto de 50 años que estableció la ley promulgada por el ex presidente Ricardo Lagos.
El anuncio provocó una controversia entre la derecha y el oficialismo en la que se involucró el hijo del ex mandatario, el senador del PPD Ricardo Lagos Weber quien intervino para defender a su padre.
Sin embargo lo hizo faltando a la verdad de los hechos. Es cierto que la memoria de los ciudadanos puede ser frágil,pero los textos legales no tienen olvido.
Lagos Weber afirmó que “si muchos concurrieron y esto lo conversé largo con mi viejo y lo conversé también con las personas vinculadas a la Comisión Valech en su oportunidad, que estuvieron a cargo de la comisión, que muchos testimonios solamente fueron dados porque estaba ese resguardo del secreto de cincuenta años”.
Hay que recordar que la Comisión de Prisión Política y Tortura fue creada por el Decreto Supremo número 1.040 del 26 de septiembre de 2003. Dicho texto no hablaba de secreto de 50 años como afirma el parlamentario.
En el artículo quinto, inciso cuarto de ese decreto supremo se señaló que “todas las actuaciones que realice la Comisión, así como todos los antecedentes que ésta reciba, tendrán el carácter de reservados, para todos los efectos legales”.
Reservado según la Real Academia de la Lengua Española significa en su primera acepción cauteloso, reacio en manifestar su interior. Indica como sinónimos cauteloso, cauto prudente. Secreto se define como “cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta. Entre reservado y secreto hay notables diferencias.
En ningún momento habla de secreto por 50 años, por tanto mal podrían haber concurrido las víctimas a prestar su declaración bajo esa premisa como afirmó el legislador a la prensa. Fue posteriormente en la ley 19.992 promulgada el 17 de diciembre de 2004 en que se incorporó el secreto por 50 años. Por tanto, el senador Ricardo Lagos Weber falta a la verdad.
El artículo 15 señala: “son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por decreto supremo Nº 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior, en el desarrollo de su cometido. En todo caso, este secreto no se extiende al informe elaborado por la Comisión sobre la base de dichos antecedentes.
El secreto establecido en el inciso anterior se mantendrá durante el plazo de 50 años, período en que los antecedentes sobre los que recae quedarán bajo la custodia del Ministerio del Interior”.
La incorporación de ese artículo es curiosa, dado que ese texto legal fue consagrado a determinar las reparaciones del Estado a los ex prisioneros políticos y torturados.
Más adelante la ley puntualiza que este secreto es “sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia”.
Desde el año 2004 varios miles de ex prisioneros políticos y torturados que declararon han fallecido. ¿Cómo podrían expresar los torturados que murieron su voluntad de dar a conocer su testimonio en el cual puede estar la identidad de los perpetradores contra esos crímenes contra la humanidad?
Las víctimas, sus hijos y nietos quieren justicia y el secreto no contribuye a ello. Es hora de cambiar.
Santiago de Chile, 3 de septiembre 2024
Crónica Digital
