Bolivia atraviesa una crisis política, económica y social generada por el gobierno de facto, cuya pretensión es perpetuarse en el poder a toda costa.
En medio de la compleja situación, los militares vuelven a colocarse en el centro del golpismo en esta nación suramericana.
El expresidente Evo Morales (2006-2019) alertó a la comunidad internacional sobre los intentos de Áñez de terminar de consolidar un régimen militar.
Una de sus últimas decisiones ilegales y que generó el rechazo internacional fue ascender a miembros del Ejército, Fuerza Aérea, generales de División y vicealmirantes bajo un decreto presidencial violatorio de la Constitución.
El pasado 21 de mayo, miembros de las Fuerzas Armadas ingresaron al Congreso vestidos de campaña para amenazar a los legisladores, en el caso de que decidieran no aprobar esa decisión en los próximos siete días.
Les dieron un ‘ultimátum’ para aceptar los ascensos, lo cual fue rechazado por los parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes se negaron a permitir dicha imposición.
De consumarse esta decisión, estaríamos ante la posibilidad de la desaparición de la división de poderes y la eliminación del Congreso Nacional, donde dos tercios están en manos de la izquierda, y se volvería aún más lejana la posibilidad de elecciones inmediatas, en las que hasta el momento el MAS se perfila como el primer lugar en las encuestas, advirtieron personalidades del mundo en un pronunciamiento.
El expresidente Evo Morales denominó esta situación como el tercer golpe desde noviembre pasado: el primero, el asestado en su contra; el segundo, el 22 de enero cuando Áñez continuó en la presidencia y no convocó inmediatamente a elecciones y, en cambio, se presentó como candidata; y el tercero con las amenazas de los militares al parlamento.
Organizaciones y personalidades de la región alertaron que, a seis meses del golpe cívico militar contra Morales, las consecuencias de este ataque a la democracia boliviana se siguen profundizando.
Un pronunciamiento internacional en solidaridad con Bolivia firmado por congresistas de México, Europa, Uruguay, el Parlasur, y muchos otros, denuncia el uso de la crisis sanitaria como pretexto para militarizar y continuar con la represión en contra de la disidencia al gobierno, la hambruna generada por la mala gestión gubernamental y la corrupción del actual régimen.
Los parlamentarios recordaron el escándalo reciente por la adquisición de 170 respiradores con costo original de siete mil dólares pero comprados a 27 mil, es decir casi tres veces de su valor.
Por este caso de corrupción, el exministro de Salud Marcelo Navajas se encuentra detenido y otros funcionarios están bajo investigación.
(Tomado de Orbe)
La Habana, 30 mayo 2020
Crónica Digital /PL