Por Rafael Calcines Armas
El avance indetenible del SARS-Cov-2, medidas para paliar la crisis económica generada por la pandemia y un agudo debate político en el ambiente centraron en Chile la semana que finaliza.
A pesar de las medidas restrictivas del gobierno, justo las necesarias según La Moneda, o insuficientes a juicio de sectores sociales y políticos, la pandemia de Covid-19 parece indetenible con un aumento diario de nuevos casos -529 el viernes- hasta llegar a seis mil 501, la segunda más alta en América Latina.
También aumenta inexorablemente la cifra de fallecidos que al viernes eran 65, mientras las autoridades llaman a la población a cumplir las disposiciones sanitarias orientadas, que muchos parecen desoír con un creciente movimiento en las calles, incluso en las localidades en cuarentena total e irrespetando hasta el toque de queda nocturno nacional.
Casi con la misma rapidez con que se expande el nuevo coronavirus, parecen profundizarse los problemas económicos por su causa, con la negra perspectiva de que miles de empresas pequeñas y medianas vayan a la quiebra y con ello cientos de miles de trabajadores pierdan sus empleos y gran cantidad de familias su sustento.
Para mitigar esos problemas, el miércoles el presidente Sebastián Piñera anunció un plan cuya prioridad es beneficiar a 2,6 millones de trabajadores que no tienen acceso al seguro de cesantía, y a las pequeñas y medianas empresas (Pymes).
Para ello se creará un fondo de dos mil millones de dólares y se prevé para las Pymes (representan más del 90 por ciento de las empresas del país), líneas de financiamiento con garantías del Estado que se supone facilitarían que los bancos le presten capital con favorables condiciones.
La propuesta del gobierno fue considerada positiva por todos los sectores, pero con dudas, ante la urgencia de soluciones, sobre cómo y cuando se implementará y si realmente llegarán a todos a los que va dirigida.
El investigador de la Fundación Sol, Marco Kremerman, advirtió que a pesar de los anuncios, “La mayoría de los trabajadores en Chile requieren de una política pública que hasta el momento no se ha anunciado” y sostuvo que las medidas siguen atadas al dogma neoliberal de no intervenir los mercados y postergar pagos en vez de condonar.
En cuanto a la ayuda a las Pymes, muchos advierten que solo apuntan a reordenar la deuda, y dejar en manos de los bancos esa tarea, lo que acentúa las preocupaciones.
Mientras, el mundo político se ve abocado a un intenso debate, luego que la Cámara de Diputados aprobara el miércoles un proyecto presentado por el gobierno para cambiar cárcel por prisión domiciliaria en beneficio de más de mil 300 reos adultos mayores y mujeres embarazadas o con hijos menores.
Esta vez, el gobierno encontró el rechazo de la coalición de derecha Chile Vamos, que estuvo a punto de hacerla fracasar por considerarla discriminatoria, al excluir a los presos que cumplen condenas por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.
Pero la apuesta humanitaria de Piñera tiene otra arista, pues para complacer a las fuerzas más conservadoras, busca relanzar un proyecto denominado Ley Humanitaria, que sí abre espacio para que esos presos, recluidos en la cárcel de Punta Peuco, puedan beneficiarse.
El mandatario impuso máxima urgencia para que el texto sea discutido con rapidez en el Congreso, lo cual deberá ocurrir la semana entrante.
Esta maniobra no ha pasado inadvertida en amplios sectores sociales chilenos, que consideran que La Moneda aprovecha con oportunismo la crisis sanitaria, para sacar de la cárcel a los asesinos, en un país donde todavía se desconoce el destino de más de mil detenidos desaparecidos por la dictadura de Augusto Pinochet.
Y prácticamente toda la oposición, que votó por la iniciativa del gobierno recién aprobada, dejó claro que su posición con respecto a la Ley Humanitaria será totalmente diferente, lo que augura fuertes encontronazos en el Congreso Nacional.
Santiago de Chile, 12 de abril 2020
Crónica Digital /PL
