El Partido Progresista de Chile expresó que la resolución de decretar Estado de Catástrofe por Calamidad Pública por parte del Gobierno era, sin duda, necesaria, pero se adoptó en forma tardía dando cuenta, una vez más, de la notoria falta de previsión del Gobierno en la gestión de la crisis.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado a la totalidad de los países entrar en cuarentena frente a la pandemia del Covid–19. Su director, Tedros Adhanom, declaró que el coronavirus es “una amenaza sin precedentes” y lo calificó como “un enemigo de la humanidad”. En Chile, apenas en octubre pasado, Sebastián Piñera inventó un “enemigo poderoso e implacable”, se apresuró en tomar medidas como el estado de emergencia, actuando de manera mucho más rápida que hoy, cuando el enemigo es real y requería de una reacción inmediata.
Cinco meses después, cuando todo el mundo conoce los efectos de un verdadero enemigo poderoso, Piñera actúa tarde.
En ese sentido, Andrea Condemarín, vicepresidenta del Partido Progresista, manifestó que “expresamos nuestro reconocimiento a los alcaldes, entidades académicas, organizaciones gremiales y movimientos sociales que han mostrado una mayor capacidad de respuesta que el Gobierno”.
En esa misma línea, Condemarín puntualizó que “Chile se había transformado en el país con la mayor tasa de propagación del virus por habitante en el continente. No resulta aceptable esperar más tiempo para poner en marcha medidas drásticas, como el aislamiento de la población y afectar el derecho de propiedad”, dice.
Agregó que “las evidencias muestran que ha existido una falta de anticipación e incapacidad para hacer previsiones y predicciones epidemiológicas para enfrentar una epidemia evitable. Desde el comienzo era conocido que la transmisión de una infección depende de tres factores: el número de contactos que una persona tiene, la capacidad del patógeno para transmitirse y la capacidad de infección. También era conocido por la comunidad científica que para enfrentar una pandemia de estas características necesitas ir por delante de la epidemia”.
Y es que, entonces, la incapacidad de hacer previsiones y las vacilaciones al momento de tomar decisiones críticas, no asumir las debilidades del sistema de salud, la terquedad en no paralizar las grandes actividades productivas y comerciales (en un gesto que parecía privilegiar la economía de los grandes empresarios por sobre la defensa de la salud y la vida de las personas), muestran un cuadro de negligencia.
La pandemia ha mostrado, de manera dramática, la importancia de establecer en Chile un Estado Social de Derecho, un Estado protector y garante de derechos, un Estado capaz de asegurar el derecho a la salud. “Todo este terrible escenario ha mostrado la necesidad la necesidad de terminar con el virus del neoliberalismo que convirtió la salud en mercancía”, declaró Condemarín, enfatizando que una vez más queda clara la validez de las protestas ciudadanas que piden a gritos una sociedad de derechos y una Nueva Constitución. “Es justamente por esta razón que nosotros, bajo ninguna circunstancia, renunciaremos a contribuir a ese propósito”, puntualizó.
“La responsabilidad política y ética de los progresistas es asumir en todas sus dimensiones la prioridad de la preservación de la vida de todos los chilenos y chilenas. Ello implica reprogramar el plebiscito constituyente establecido para el 26 de abril, así como redefinir las fechas y los plazos relacionados con los procesos de elecciones municipales y de gobernadores, definidos para octubre, y los pasos previos como la inscripción de pactos para primarias de alcaldes y gobernadores, contemplados para el 9 de abril”, aclaró la vicepresidenta del PRO.
Así las cosas, “es necesario añadir que la necesidad de garantizar la mayor participación ciudadana en el plebiscito constitucional no está asegurada, por cierto, en las condiciones de crisis sanitaria de carácter planetario que se está enfrentando”.
El Partido Progresista de Chile, junto a los partidos que componen Unidad por el Cambio, presentaron al Gobierno y al país, un conjunto de propuestas para disminuir los impactos sociales, económicos y sanitarios de la pandemia mundial. Entre las más relevantes están: Regulación de precios y distribución de productos de primera necesidad, para que todos/as los ciudadanos tengan acceso a productos básicos durante la pandemia. Que el Estado tome el control del sistema privado de salud. Establecer un crédito con 0% interés a Pymes, a través del BancoEstado, con foco principal en el pago de sueldo de los trabajadores/as. Asegurar el pago de la subvención, por matrícula y no por asistencia, a los colegios y la alimentación a las niñas y niños. Prorrogar hasta finales de 2020 la vigencia de todos los documentos emitidos por el Estado. Que se postergue el pago del permiso de circulación y adelantar la devolución de la renta, acelerando el proceso de revisión, a la vez de permitir el posponer pagos de impuestos para trabajadores independientes y PYMES.
Santiago, 19 de marzo 2020.
Crónica Digital.
