Los restos de una marcha multitudinaria efectuada en el centro histórico de Quito, permanecen en las mentes de muchos ecuatorianos que vivieron una jornada de demandas y represión.
Miles de personas asistieron a una movilización, organizada por el Movimiento Revolución Ciudadana, en protesta contra las medidas económicas aplicadas por el Gobierno nacional como despidos laborales, alza en precios de combustibles y recientemente, el retiro del asilo diplomático al fundador de WikiLeaks Julian Assange y la suspensión de su naturalización.
El acuerdo previsto con el Fondo Monetario Internacional, que ya inició desembolsos en esta nación andina, fue otro motivo de protesta, así como el caso INA Papers, como se conoce el escándalo de corrupción, bajo investigación, en el cual está involucrado el Jefe de Estado, Lenín Moreno, por supuesto vínculo con una empresa offshore familiar.
La convocatoria fue encabezada por el ex Presidente Rafael Correa y por directivos de la formación política. Fue una acción pacífica para exigir al Ejecutivo cumplir con promesas por las cuales fue elegido, en 2017, para dar continuidad a la llamada Década Ganada, de logros sociales, políticos y económicos.
Sin embargo, tras un recorrido que partió del Parque El Arbolito y tomó la avenida 10 de agosto hasta llegar al centro histórico de la capital, al acercarse al Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia de la República, los manifestantes se encontraron con barreras policiales que les impidieron el paso.
En algunos puntos la multitud fue reprimida mediante el uso de gases lacrimógenos, por parte de los efectivos, que en algunas ocasiones también intentaron alejar al pueblo de las barreras mediante el uso de agentes a caballo.
Varios heridos, así como personas afectadas por la irritación y molestias ocasionadas por los gases fueron algunos de los resultados de la marcha, que duró horas y contó con pronunciamientos de la ex Presidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira y la recién electa prefecta de Pichincha, Paola Pabón, entre otros directivos.
El bloque quedó dividido en grupos por las veces que debió replegarse ante la reacción de fuerzas del orden.
Los incidentes de la movilización publicados en videos e imágenes que circularon en las redes sociales, en especial en Twitter, donde abundaron las críticas a la reacción oficial.
A juicio de los movilizados, las fuerzas del orden les impidieron ejercer su derecho a la libertad de expresión y optaron por la represión, algo que no se veía desde hacía años.
Por su parte, en declaraciones a medios radiales, la Ministra de Interior, María Paula Romo, afirmó que los actos violentos, los cuales describió como inusitados, provinieron de los manifestantes. Precisó que la jornada concluyó con cinco personas detenidas, quienes serán procesadas por altercados en la vía pública. “A nosotros nos parece que desde el punto de vista político, hay una estrategia enfocada exclusivamente en debilitar al Presidente Moreno y de una manera irresponsable”, señaló y acotó que la policía respondió haciendo el uso proporcional y progresivo de la fuerza, lo cual es su trabajo.
Los hechos de la víspera mostraron el descontento popular con el panorama de Ecuador en los planos económico, social y de política internacional, además de la determinación de demandar cambios en el Gobierno nacional.
La mayoría de las consignas y carteles que acompañaron la movilización se centraban en pedidos de poner fin a los despidos masivos en sectores como la salud, no permitir el ingreso, nuevamente, del FMI a este país sudamericano, liberar a Julian Assange y en la salida de Lenin Moreno.
Según anunciaron los organizadores de la protesta, la ciudadanía no volverá a callar y se mantendrá en permanente demanda por el respeto a sus derechos y contra el retroceso de los logros de los 10 años anteriores a la actual gestión.
Por Sinay Céspedes Moreno.
Quito, 19 de abril 2019
Crónica Digital.
