El Gobierno de Chile envía hoy al Congreso un proyecto de Ley que permitirá realizar la Conferencia de las Partes firmantes del Convenio Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP25).
La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmid, informó que la celebración de esa reunión en esta capital costará 35 millones de dólares, monto que pedirán al Congreso, y puntualizó que el cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad, que requiere convicción y voluntad política del más alto nivel para enfrentarlo.
La realización de la reunión, en la que se espera participen unos 25 mil delegados de todo el mundo, saltó a la palestra la víspera cuando la propia ministra reveló que existen inconvenientes para efectuar el cónclave entre el 2 y el 13 de diciembre próximos, como se había anunciado.
De inicio el Gobierno propuso realizar el importante evento a mediados de enero del próximo año pero finalmente se aprobó la fecha antes mencionada, y el principal problema ahora es que para ese entonces no se dispondrá de una instalación con suficiente capacidad para una reunión de tal envergadura.
Las autoridades nacionales esperan efectuar la COP25 en los predios de Espacio Riesco, un recinto privado que es el único con condiciones para reunir a los miles de asistentes, pero según se conoció el local ya está reservado para otros eventos en los meses de noviembre y diciembre.
Si esto no se soluciona le reunión de la ONU tendría que efectuarse en varias sedes, lo que implicaría un verdadero desbarajuste para garantizar la movilidad de tantos delegados en una ciudad como Santiago, con un tráfico bien complicado.
Por si fuera poco al parecer tampoco existen capacidades suficientes de alojamiento en diciembre, cuando por las fiestas de fin de año la capital chilena recibe una gran afluencia de turistas.
La propia ministra definió a la COP25 como el evento más grande que ha organizado Chile desde el mundial de fútbol de 1962, con el agravante de que el país dispondrá de un tiempo muy corto para prepararla, dado que el gobierno decidió asumir la sede después que Brasil renunciara a esta responsabilidad.
Al mismo tiempo algunos expertos cuestionan que todavía no existen una serie de definiciones, no solo en la organización sino en los objetivos del encuentro mundial.
Samuel Leiva, consultor en políticas medioambientales, consideró que la sociedad civil está preocupada, porque va llegando abril y no hay todavía una agenda clara y tampoco una planificación previa, lo cual pone presión en las carteras de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores.
En el mismo tono Gabriela Burdiles, de la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (Fima), aseguro que el Ministerio del Medio Ambiente expresó la intención de tener un diálogo fluido con la sociedad civil pero no ha habido tal.
Asimismo advirtió que tampoco se conoce cuál va a ser el sello que el Gobierno de Chile buscará imprimir a las negociaciones y “lo único claro es la lentitud en la organización”.
Santiago de Chile, 20 de marzo 2019
Crónica Digital /PL
