La víspera, el Departamento de Estado anunció la suspensión por 45 días del citado título de la ley que entró en vigor en 1996, el cual establece la autorización a nacionales estadounidenses a presentar ante tribunales del país norteño demandas contra todo extranjero que ‘trafique’ con propiedades estadounidenses que fueron nacionalizadas en Cuba en la década de 1960.
El gobierno de la isla recordó que esas nacionalizaciones fueron un proceso legítimo, como reconoció la Corte Suprema de Estados Unidos, llevado a cabo por con pleno apego a la ley nacional y al Derecho Internacional.
Asimismo, señaló a través de su Cancillería que ‘entre las aberraciones más significativas, dicho título extiende esta autorización a propietarios que no eran ciudadanos de los Estados Unidos al momento de producirse las nacionalizaciones y cuyas supuestas propiedades nadie ha certificado’.
Desde 1996, incluyendo a Trump en 2017 y 2018, todos los presidentes estadounidenses han hecho uso consecutivamente de la facultad ejecutiva de suspender la aplicación del título III cada seis meses con motivo de reconocer que consiste en el aspecto más burdo e inaceptable de esta contra el Derecho Internacional y la soberanía de otros Estados.
Esa postura también se sustentaba en el reconocimiento de que materializarlo provocaría obstáculos insuperables para cualquier perspectiva de solución de las reclamaciones y compensaciones a los propietarios estadounidenses legítimos.
La decisión de ayer genera el rechazo más enérgico, firme y categórico, subrayó Cuba en la declaración, mediante la que alerta que la asume como un acto hostil de extrema arrogancia e irresponsabilidad.
Asimismo, condenó el lenguaje irrespetuoso y calumnioso del mensaje público del Departamento de Estado, que atribuyó el paso a la realización de una cuidadosa revisión del tema, ‘a la luz de los intereses nacionales y los esfuerzos por acelerar una transición hacia la democracia en Cuba, e incluir elementos tales como la brutal opresión del régimen contra los derechos humanos y las libertades fundamentales y su inexcusable apoyo a los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos de Venezuela y Nicaragua’.
La Ley Helms-Burton fue concebida para codificar y endurecer el bloqueo económico, comercial y financiero impuesta oficialmente en 1962, con el objetivo de subvertir y derrocar al gobierno de Cuba e imponer un régimen del agrado de Washington.
El cerco impuesto a la isla por más de medio siglo encuentra un rechazo casi unánime en la comunidad internacional, como lo han demostrado sucesivas votaciones desde 1992 en la Asamblea General de la ONU, y dentro de la mayor parte de la opinión pública del país norteño.
La Cancillería reiteró que la Ley Helms-Burton es ilícita, inaplicable, y sin valor ni efecto jurídico, por lo que considerará nula toda reclamación amparada en ella de persona natural o jurídica, cualquiera que fuere su ciudadanía o nacionalidad.
‘El gobierno de Cuba se reserva el derecho de responder oportunamente a esta nueva agresión’, afirmó.
La Habana, 17 de enero 2019
Crónica Digital /PL
