Durante 2018, la Sede Regional Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha integrado la Mesa de trabajo sobre la situación de colegios y liceos de la comuna de Santiago, que se han visto afectados por procedimientos de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile en el marco de movilizaciones y actos de protesta que llevan a cabo niños, niñas y adolescentes.
Uno de los principales puntos de preocupación relevados en esta instancia, en palabras de Beatriz Contreras, jefa regional RM INDH, “ha sido el uso sostenido de bombas lacrimógenas en establecimientos educacionales, que son lanzadas al interior de los recintos en horas de jornada escolar en que se encuentran alumnos y alumnas al interior de las aulas, así como docentes y personal de servicio ejerciendo sus labores, sin gradualidad ni control respecto de su expansión, contaminando espacios comunes durante días, y poniendo en riesgo la salud e integridad física y psíquica de las personas en las comunidades escolares”.
En tal marco, se recomendó que durante el proceso de actualización de Protocolos para el uso de la Fuerza, se contemple una prohibición explícita a la utilización de armas químicas irritantes en espacios cerrados donde se encuentren niños, niñas y adolescentes, y el fortalecimiento de medidas preventivas que favorezcan la creación de vínculos de confianza y respeto mutuo entre agentes policiales y las comunidades escolares en conflicto.
Asimismo, a propósito de las manifestaciones convocadas a nivel nacional por el homicidio de Camilo Catrillanca, la Sede Regional Metropolitana del INDH advierte su preocupación por el uso excesivo y desproporcionado que se está haciendo de irritantes químicos contra la población civil en la vía pública.
En particular, sobre la situación registrada el día de ayer en el Paseo Ahumada, en que un vehículo de Carabineros de Chile andando a gran velocidad en un paseo peatonal lleno de transeúntes, la gran mayoría de ellos no vinculados a las manifestaciones, lanzó gas lacrimógeno contra quienes se encontraban en el lugar, generando una estampida de personas corriendo para protegerse.
Sobre estos hechos, Contreras indica que “este actuar constituye un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública, un incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que expone a las personas a sufrir graves consecuencias para su salud e integridad física y psíquica. Hechos de tales características deben detenerse inmediatamente”.
En tal sentido, se insta a las autoridades de las Fuerzas de Orden y Seguridad a vigilar las intervenciones que realizan sus subordinados en el uso de armas irritantes químicas como el gas y bombas lacrimógenas, ordenando ajustar los procedimientos a un uso disuasivo acorde al deber de respeto y garantía de derechos humanos que tiene el Estado de Chile.
Santiago de Chile, 23 de diciembre 2018
Crónica Digital
