Si bien, la CUT valora que con este proyecto se estaría eliminando el nefasto sesgo de que solo las empresas con más de 20 trabajadores tengan sala cuna para sus hijos(as) menores de 2 años y que, sin duda, “es muy necesario avanzar en la idea de legislar en estas materias”, lo cierto es que también tal como ingresó este proyecto se advierten claroscuros que a la larga nos pueden significar que nos pasen “gatos por liebres”. Por ejemplo: Tan “universal” no lo es, genera trabajadoras de primera, segunda y tercera categoría para acceder al beneficio completo; para financiar el Fondo que se creará para estos efectos, podrían sacarse recursos del Fondo de Seguro de Cesantía y que “al crear una nueva administradora anónima de los fondos, queda de manifiesto una nueva oportunidad para mercantilizar la Educación Inicial, único sistema que hoy en día es de total responsabilidad del Estado y que debería fortalecerse como una política social del Estado”.
Esos son los principales cuestionamientos que la vicepresidenta de la Mujer e Igualad de Género de la CUT, Julia Requena, expuso en su intervención en la Comisión de Trabajo de la Cámara del Senado, espacio legislativo donde se está analizado, en términos generales, este proyecto de ley, con la participación de distintos actores sociales que manifiestan sus reparos y propuestas para mejorarlo. Una vez finalizadas estas intervenciones, se procederá a su discusión en particular que es allí donde queda finalmente la redacción de lo que será este proyecto que luego será votado.
El proyecto, en términos generales, crea un Bono de hasta 5,14 UTM que financiará los gastos de matrícula y el monto mensual del establecimiento de educación parvularia privado que cada trabajadora(r) elija para su hijo(a) menor de dos años. El Fondo se formará con una cotización mensual de un 0,1% calculado de cargo del empleador, y sobre las rentas imponibles de los trabajadores independientes; el Estado aportará anualmente un total de 225.792 UTM y la “administración del Beneficio y del Fondo, estará a cargo de una sociedad anónima constituida en Chile o agencia de una extranjera constituida en Chile, que deberá recaudar las cotizaciones correspondientes, invertir los recursos del Fondo y otorgar y administrar el Beneficio de sala cuna. Además, será parte también del financiamiento del Fondo las multas e intereses que se apliquen y las utilidades obtenidas de la inversión de los recursos anteriores”.
A juicio de Requena: “Es buena la iniciativa desde el punto de vista de que hay demandas que el movimiento sindical por años venía pidiendo y que están recogidas en este proyecto”. Una es que “se elimina el artículo 203 del Código del Trabajo sobre la cuota de 20 mujeres en empresas para tener derecho a sala cuna. Con esto se abre el espacio para que más mujeres puedan ingresar al mundo laboral. Lo segundo, es que se incorporan a las trabajadoras de casas particulares aunque el Proyecto hace solo una mención porque todavía no hay una redacción de cómo se va aplicar o en qué contexto pero sí el hecho de que estén en el Proyecto como legalmente haciendo uso de este beneficio, es bueno para este sector”.
Hasta ahí, el proyecto es valorado. Los cuestionamientos y las contrapropuestas de la CUT, surgen en temas como: “Dejamos establecido que este no es un proyecto “universal”, porque no soluciona las problemáticas de todas las mujeres trabajadoras para incorporarse al mundo laboral. Aquí se plantea, por ejemplo, que las mujeres trabajadoras independientes para tener derecho al Bono de Sala Cuna, tienen que tener sus últimas seis cotizaciones en un AFP; si no las tienen no van a tener derecho a ese bono tengan las problemáticas que tengan para ingresar al mundo laboral. Por eso, decimos que no es “universal”. No debería existir ese requisito”, asegura la dirigente, agregando que en esta situación se encuentran un número importante de mujeres. Y la “no universalidad” también, acota, se refleja en otro requisito que califica de perverso que genera categorías: “Si la mujer trabaja 30 o más hora va a tener derecho al bono completo, si la mujer trabaja menos de 30 hasta 15 horas, va a recibir solo dos tercios del bono y si finalmente trabaja menos de 15 horas, no tiene derecho a nada”. Además, explicó que se establece que si una beneficiaria de este bono, pierde en algún momento su puesto de trabajo, se le quitará el bono “y no puede ser que por una situación puntual, se castigue al menor en su derecho esencial que es el acceso a la educación. Se debe incorporar un sistema que lo proteja en estos casos”.
Otro cuestionamiento es que el Bono es de hasta 5,4UTM. Sin embargo, de acuerdo a estudios el costo promedio de una sala cuna privada es de más de 6,274 UTM: “En el proyecto no queda claro quién paga la diferencia pero en la práctica podría restituirse el copago por parte de las familias, segregándolas según su capacidad económica”, sentencia Requena.
Sobre la cobertura que restringe solo hasta menores de dos años, la dirigente propone que “se debe considerar hasta los 3 años y terminando el año calendario, es decir si un niño(a) cumple años en junio que se extienda el beneficio por todo el año”.
La exclusión de trabajadoras(es) del sector púbico, es otro ítem que cuestiona del proyecto porque “como no se menciona, puede quedar al libre albedrío cualquier indicación o interpretación que las pueda afectar” a la larga. Y en este punto, también advierte que en el texto legal “no se observa una mirada respecto de las instituciones del Estado que realizan estas tareas ni tampoco respecto del rol público del cuidado infantil”, refiriéndose al trabajo que realizan la JUNJI, VTF e Integra, que son instituciones al amparo del Estado que atienden gratuitamente a los(as) hijos(as) de las familias más vulnerables del país.
Asimismo, planteó el rechazo absoluto al aporte fiscal que provenga de la reasignación del Fondo del Seguro de Cesantía: “No estamos de acuerdo como CUT en que el Estado deje de aportar al seguro de cesantía. La condición de aporte tripartito de este fondo, hace necesario fortalecer este mecanismo de aporte y no terminarlo (…). Nuestra propuesta es que este bono de sala cuna sea financiado de manera bipartita, entre Estado y empleador”.
Por último, dijo, “Tenemos un tremendo reparo en quiénes van administrar el beneficio de las salas cunas. Es tan amplio. Tenemos grandes dudas de que, desde ahí se pueda entrar a mercantilizar los jardines infantiles y por qué no, así como las AFP usan las platas de los trabajadores para otros fines, tal vez pueda ocurrir lo mismo en este caso, porque hay experiencias ya de los fondos de administradores que no son nada de transparentes”.
Santiago de Chile, 1 de noviembre 2018
Crónica Digital / cutchile.cl
