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El número final de votantes (147 millones 306 mil 275) quedó definido en septiembre último, después que el Supremo Tribunal Federal mantuviera la decisión de cancelar el título de elector a tres millones 368 mil 447 ciudadanos que no comparecieron a la revisión electoral y el registro biométrico de 2016 a 2018.
Se trata de una cantidad ‘políticamente relevante desde cualquier punto de vista’, según la apreciación del columnista Paulo Moreira Leite, en particular, porque los privados de ese derecho ‘son en su mayoría los más pobres y menos protegidos, para quienes el voto resulta un arma especialmente valiosa’.
La cifra, que comprende a electores de mil 248 municipios de 22 Estados de la federación, se aproxima a los 3,4 millones de votos que en 2014 garantizaron la victoria de Dilma Rousseff sobre Aécio Neves en el segundo turno de la elección presidencial, recordó.
En los resultados de los comicios de este domingo serán determinantes los Estados de Sao Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Bahía, Río Grande do Sul, Paraná, Pernambuco y Ceará, que en conjunto suman más de 100 millones 700 mil electores, casi el 70 por ciento del total.
De hecho, solo Sao Paulo (33 millones 40 mil votantes) y Minas Gerais (15 millones 700 mil) representan más de un tercio de los sufragios que estarán en disputa para presidente y vicepresidente de la República, gobernadores, senadores y diputados federales y estaduales.
La puja en las urnas electrónicas de este año llega marcada por la intromisión sin precedentes del Poder Judicial y el Ministerio Público en el proceso y en virtud de la cual fue excluido de la carrera electoral el líder en todas las encuestas de intención de voto, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso político hace hoy 184 días.
Juzgado en tiempo récord, condenado sin pruebas y encarcelado sin que -como establece la Constitución- fueran examinados los recursos en todas las instancias judiciales, Lula vio el registro de su candidatura presidencial rechazado por el Tribunal Superior Electoral a comienzos de septiembre pasado.
La corte desacató así una decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que exigió al Estado brasileño asegurar al ex dignatario el pleno ejercicio de sus derechos políticos, incluidos los inherentes a su candidatura, ‘hasta agotar los recursos judiciales pendientes de revisión contra su condena en un procedimiento justo’.
Además del Poder Judicial, fue notoria también en el proceso electoral brasileño la intromisión de las Fuerzas Armadas, que en más de una ocasión y por intermedio de su máximo jefe, el general Eduardo Villas Boas, presionaron a los tribunales superiores para tomar decisiones en perjuicio del ex presidente brasileño y su candidatura.
Brasilia, 7 de octubre 2018
Crónica Digital
