La CUT, a través de su Vicepresidencia de Relaciones Internacionales, está abocada a la elaboración de la Memoria anual de la evaluación de la aplicación en el país de cinco convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por el Estado chileno. Entre ellos está el 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, una de las herramientas internacionales más importante para garantizar sin discriminación sus derechos individuales y colectivos.
La consejera nacional a cargo de dicha vicepresidencia de la CUT, Tamara Muñoz, explicó que para elaborar la Memoria –que deberá ser enviada en septiembre a la OIT, respondiendo así al informe que el propio Gobierno debe elaborar- están recogiendo insumos directamente con organizaciones vinculadas a los temas de cada convenio. Es por eso que el lunes pasado estuvo en Temuco con los dirigentes de la CUT provincial y organizaciones de base y este miércoles en la sede capitalina de la Central, se reunió con la directora Ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) Chile, Ana Piquer y el abogado del equipo jurídico del Observatorio Ciudadano, Marcel Didier quienes compartieron su análisis con dirigentes sindicales, de lo que está pasando con los pueblos indígenas de nuestro país.
Didier, explicó que este convenio tiene diez años de vigencia por lo tanto el Estado de Chile deberá revisar y ratificarlo nuevamente en el 2021. Sin embargo, encendió las alertas de inmediato con la preocupación que hay por “una eventual denuncia que se está promoviendo que significaría renunciar a este Convenio (…). La OIT viendo la preocupación de este eventual retiro de Chile del convenio 169, ha emitido determinados comunicados en los cuales ha informado que el año para hacer esto es el 2021, pero que ya se proponga una situación como esta, es bastante grave porque sería un retroceso en los derechos que se han ido consagrando en favor de los pueblos indígenas”. Y si prospera esta idea de retirarse, precisó, sería: “Algo inédito para el mundo. Ni un país lo ha hecho hasta ahora. Sería netamente regresivo y una vergüenza para el Estado de Chile. ¿Cómo retirarse siendo la única norma jurídica para hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas?, porque acá no ha hay un reconocimiento Constitucional. Hay una ley indígena que tampoco cumple con los estándares en tema de reconocimiento de tierras, territorios”.
Y apunta a diputados del oficialismo y a empresarios del sector minero y energético como los promotores más visibles de esta propuesta de no renovar este convenio. La razón que esgrimen es el freno a los proyectos de inversión que requieren de la Consulta indígena: “El argumento es bastante grave porque dentro del Convenio 169, la piedra angular es el derecho a la Consulta, el derecho de los pueblos indígenas a que sean consultados cada vez que existan medidas administrativas o judiciales que les afecten directamente. Entonces los conglomerados de las grandes empresas acá en Chile, están diciendo que cuando se ha sometido a consulta indígenas determinados proyectos, hay una paralización de estos”.
No obstante esta crítica del empresariado, Didier cuenta que desde que está vigente este convenio, tres decretos supremos han intentado regular el tema de la Consulta indígena y “cuando se ha llevado a tribunales, porque han existido proyectos de inversión en los que no existió en un primer término Consulta indígena, los tribunales empezaron a determinar que a veces no era necesario hacer esta consulta” aunque reconoce que progresivamente a partir del 2013, 2014, ha habido una recepción por parte de las cortes de apelaciones y de la Corte Suprema con “fallos más favorables en que sí tiene que existir un proceso de consulta. El problema es que esta Consulta se subsume dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, no existe una consulta propiamente tal”.
En tanto, la mirada de Piquer (AI) es abrumadora. Su análisis es producto del seguimiento directo de dos juicios emblemáticos contra comuneros mapuches: Caso matrimonio Luchsinger-Mackay y la quema de la iglesia de Padre de Las Casas: “La conclusión definitiva, es que ambos fueron juicios que no alcanzan el estándar de un juicio justo y que señala muchas alarmas en términos de cómo se está aplicando la Ley Antiterrorista en contra del pueblo mapuche y cómo eso está significando infracciones graves a los derechos humanos, incluso asuntos en que ya Chile había sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por casos o situaciones muy muy parecidas o prácticamente iguales”.
Explicó que los argumentos judiciales para concluir que fueron actos terroristas: “Son tremendamente preocupante porque están plagados de estereotipos y estigmatización del pueblo mapuche”, precisando que en algunos juicios se observó que se “basan en el contexto general de la región para concluir que habría un contexto terrorista, pero no hay nada que demuestre que las personas condenadas tengan que ver con ese tipo de hechos. Y la única conexión que parece haber para definir que ellos tenían intención terrorista, es que son mapuche y eso en definitiva, es una discriminación”.
Tamara Muñoz junto con valorar el material compartido por estos organismos, su balance de la aplicación de este Convenio es, obviamente, desalentador: “Chile está al debe. El Estado no lo está cumpliendo. Tenemos vulneraciones no tan solo al pueblo mapuche que está siendo criminalizado también vulneraciones a pueblos de otras zonas del país que están vinculadas al desarrollo de proyectos mineros, hidroeléctricos o a la defensa de recursos naturales”. Sobre la posibilidad de que el gobierno de Chile no vuelva a ratificar el Convenio 169, la dirigente dijo que: “Sería un retroceso y una vergüenza internacional que alguna gente de este país esté pensando en retirarse de este Convenio”.
Convenio 169 OIT: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314
Santiago de Chile, 3 de septiembre 2018
Crónica Digital /cutchile.cl
