El órgano de las Naciones Unidas con sede en Ginebra demandó que Lula tenga asegurado el ‘acceso apropiado a la prensa y a miembros de su partido político’ y la posibilidad de concurrir como aspirante presidencial ‘hasta que todos los recursos pendientes de revisión contra su condena sean completados en un procedimiento justo’.
Todo lo que Lula siempre exigió, desde el inicio de la odiosa campaña contra él, foue eso: un juzgamiento justo, puntualizó Hoffamnn antes de señalar que ‘infelizmente, para la imagen de Brasil en el mundo, fue necesario recurrir a la más alta corte de Derechos Humanos para que ese derecho fuera finalmente reconocido’.
La dirigente del PT subrayó además que no hay cómo esconder del mundo las violencias que vienen siendo practicadas en el país por sectores del Poder Judicial en complicidad con la red Globo, los grandes medios y el gobierno golpista de Michel Temer.
‘O cumplen la decisión de la ONU, o lanzan de una vez e Brasil en la lista de naciones sin ley y sin democracia’, recalcó.
Hoffmann señaló asimismo que causa indignación la postura del ministro de Justicia, Torquato Jardim, quien consideró que la ONU se entromete indebidamente en los asuntos internos de Brasil y expresó que la decisión del Comité de Derechos Humanos no tiene ninguna relevancia jurídica.
Criticó también la nota de la Cancillería brasileña, según la cual ‘las conclusiones del Comité tienen carácter de recomendación y no poseen efecto jurídicamente vinculante’.
La senadora del PT recordó que desde el año 2009 Brasil incorporó al ordenamiento jurídico nacional el Protocolo Facultativo que reconoce la jurisdicción del Comité de Derechos Humanos de la ONU y la obligatoriedad de sus decisiones.
En declaraciones formuladas ayer al portal de noticias UOL, la vice-presidenta del Comité de Derechos Humanos de la ONU, Sarah Cleveland, aclaró que el Estado brasileño está obligado a acatar la determinación de la ONU y asegurar el ejercicio de sus derechos políticos al candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva.
Esa no es una orden judicial, pero Brasil -en tanto signatario de dicho protocolo – tiene la obligación legal de cumplir el pedido, reiteró.
Por su parte Cristiano Zanin Martins, uno de los abogados de la defensa de Lula, consideró la decisión de la ONU como una gran victoria y alertó que si ésta fuera desacatada -como ya dejó entrever el gobierno de Michel Temer- la legitimidad de las venideras elecciones será cuestionadas internacionalmente.
Martins negó que se trate de ‘una mera recomendación’ del Comité de Derechos Humanos de la ONU y recordó que el propio Supremo Tribunal Federal (STF) reconoció que tratados internacionales están por encima de la ley.
Brasilia, 18 de agosto 2018
Crónica Digital /PL
