Expositores de la DGA, la academia y representantes de comunidades relevaron la importancia de estas masas del hielo, tanto para los ecosistemas como para los seres humanos.
- Sus diferencias radican, esencialmente, en cómo definir los glaciares y las prohibiciones que logren prevenir los impactos a los que pueden ser sometidos por diversas actividades extractivas e industriales.
El glaciólogo Gino Casassa reconoció ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados que los glaciares son “reservas estratégicas de agua en estado sólido, sobre todo al final del verano”, concentrando Chile cerca del 80 % de los que existen en Sudamérica. El experto expuso en su calidad de jefe de la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas.
El investigador expuso a principios de agosto ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión en particular del proyecto de ley que impide constitución de derechos agua sobre los glaciares y que avanza en medidas de protección. Esto, luego que el pleno de la corporación aprobara a mediados de julio por unanimidad el articulado inicial y la iniciativa regresara a la comisión donde se están revisando 17 indicaciones para perfeccionar la propuesta original.
En su presentación, Casassa hizo un primer alcance a la definición sobre glaciares de la moción, en el sentido de que esta se basa en la Estrategia Nacional de Glaciares del año 2007, en circunstancias que existirían algunas más actualizadas: de la Unesco en 2011 y el Panel Intergubernamental de Cambio Climático en 2013. Principalmente para hacerse cargo del calentamiento global y de que los glaciares se están reduciendo en extremo.
En este sentido planteó diversas modificaciones estructurales a la definición, lo que podría precarizar la defensa de estas importantes masas de hielo. Entre ellas que el hielo deba estar presente en el área al menos 10 años y no dos como plantea hoy el texto del proyecto; que el glaciar tenga efectivamente hielo y no vestigios fósiles de este; restringir la inclusión de permafrost del área periglacial; ydejar fuera de la definición el hielo flotante, entre otros aspectos.
El investigador propuso la siguiente definición operativa para el proyecto de ley: “Se entenderá por glaciar todo volumen de hielo permanente de hielo terrestre, formado a partir de nieve comprimida, con o sin presencia de material detrítico rocoso, superficial o incorporado en el glaciar, que persista por un período de al menos 10 años, y que cubre un área igual o superior a 0,01 km2. Un glaciar deberá presentar flujo actual o pasado, y puede incluir lagunas o cursos de agua en su superficie y en su interior. Si un glaciar descarga en lago, laguna o al océano, puede presentar un lengua flotante adosada”.
Un contrapunto a esta propuesta hizo el académico de la Universidad de Chile y doctor en Geografía y Ordenación del Territorio, Francisco Ferrando. Explicó que “la importancia de cualquier cuerpo de hielo tiene que ver también con la zona climática y las necesidades de la población”, agregando que “no podemos abstraer la idea de tamaño como algo que puede definir lo que es o no es glaciar”.
Es por esto que refiriéndose a la visión de Casassa que propone considerar en la definición de glaciar solo aquellos sobre un tamaño específico (igual o superior a 0,01 km2), Ferrando explicó que estos no son bi sino tridimensionales. “Si uno dice un glaciar pequeño, de una hectárea o menos tal vez, pero que tiene decenas de metros de espesor, como puede ocurrir en un glaciar de un cráter, se circunscribe al tamaño. Pero el espesor, por la profundidad, puede ser mucha y puede representar un gran volumen. El criterio del tamaño, en el caso de nuestra legislación, preferiría excluirlo” puntualizó.
Indicó el académico que la UNESCO, para el período 2010-2050, muestra para Chile un escenario donde se hará cada vez más aguda la escasez de agua por lo que “proteger estas reservas es fundamental”. Agregó que los glaciares “son una fuente de amortiguamiento fundamental durante la época de altas precipitaciones, porque todo el ambiente glacial y periglacial permite capitalizar el recurso agua en forma de nieve, precipitación sólida, para proveer de agua para uso doméstico, etc., durante la estación seca”.
Por su parte, por la Coordinadora de Territorios en Defensa de los Glaciares, la geógrafa María Jesús Martínez mencionó que entre las amenazas actuales a los glaciares de Chile, existen al menos 33 proyectos concretos: 12 de ellos hidroeléctricos y 21 mineros. Además de estos sectores productivos, representan un riesgo las actividades turísticas y recreativas, la contaminación de asentamientos humanos y otras intervenciones económicas.
Por esta razón destacó que más que insistir en que los glaciares son “bienes nacionales de uso público”, se debe respetar el planteamiento de la Corte Suprema en el sentido de que “eso no es correcto, porque los glaciares son bienes nacionales que forman parte del patrimonio ambiental de Chile y que no pueden ser objeto de proyectos de inversión con fines económicos”.
Por último, señaló que la definición contenida en el proyecto sería totalmente deficiente y excluyente, por lo que en su opinión es una amenaza para la preservación de los glaciares y sus ecosistemas. Además, al referirse a las prohibiciones establecidas en el texto, indicó que estas se entienden sólo para el glaciar en sí, y no para su ecosistema, lo que las hace poco efectivas.
Próximamente debiera la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados estudiar y votar las indicaciones al proyecto, la mayoría presentadas durante la aprobación unánime del pleno (142 votos) en el mes de julio.
Por Patricio Segura
Santiago de Chile, 17 de agosto 2018
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