“Vamos a hacer uso de todos los recursos que la ley nos entregue para impedir que se derribe este muro, mientras no se garantice la integridad física y psíquica de los pobladores”, señaló la abogada de DDHH y candidata a diputada del distrito 10 Julia Urquieta, en relación a la reposición de la orden de no innovar interpuesta en la Corte de Apelaciones de San Miguel y que busca suspender la demolición de la pared que divide a los vecinos de la Villa Jardines de San Joaquín 2, de la Legua de Emergencia.
En primera instancia el tribunal no dio lugar a la acción en favor de los pobladores, afectados directos de las balaceras entre bandas de narcotraficantes, que se hicieron parte del recurso de protección interpuesto el 12 de octubre pasado.
En la reposición, la profesional entregó nuevos antecedentes que incluyen fotografías de los registros de los proyectiles que impactan en los dormitorios de las viviendas y la orden de la paralización de las obras decretada por la Municipalidad de San Joaquín.
“Quiero ser bien clara. Aquí se ha puesto como elemento central el muro. El recurso de protección está dirigido a proteger la integridad física y psíquica de los pobladores, porque lo que no hay, y nos parece una irresponsabilidad, es un plan destinado a resolver el problema de fondo porque aquí todos los días siguen las balaceras”, precisó Julia Urquieta.
Agregó que incluso los pobladores “no se oponen a la demolición del muro. Lo que dicen es que derribarlo sin que exista una contención y una protección total, es una situación que está poniendo en riesgo sus vidas”.
“Si lo derriban, no impide el control de las bandas al interior y al contrario, los va a exponer aún más a la violencia y a las balas”, puntualizó Urquieta.
Por su parte, el vocero de los pobladores, Vasili Aguayo, cuestionó el accionar de carabineros contra los pobladores y acusó que las fuerzas policiales acompañaron a la empresa para demoler la pared, sin tener el permiso municipal.
“Aquí el Estado es el que no se quiere hacer cargo. Fue el gobierno el que hizo del muro el problema. Este no es un conflicto entre vecinos, al contrario aquí todos los pobladores de la Villa San Joaquín 2 son pobladores de La Legua. No tenemos ningún problema con la gente de al lado. Nos sentimos parte de un mismo sector urbano. El gobierno no se quiere hacer cargo de haber construido 22 viviendas, haciendo caso omiso a lo que los vecinos y la municipalidad decían, y sin haber una investigación de los riesgos de esto” puntualizó el dirigente social.
Santiago de Chile, 30 de octubre 2017
Crónica Digital
