“Hemos presentado este recurso porque pensamos que este decreto, no sólo es inconstitucional, porque regula por decreto algo que debiera ser materia de ley, es decir, deliberación pública. Sino también porque supone una inaceptable regresión autoritaria. Chile vive una tremenda crisis de representatividad que sólo se va a profundizar si el Estado está más dispuesto a pensar que las personas son sospechosas ante que titulares de derechos. Hemos pedido que la Contraloría no tome razón de este decreto, ya que viola garantías constitucionales básicas, como el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones”, comenta el dirigente del Frente Amplio, Francisco Figueroa.
El recurso presentado explica ante la autoridad que el “Decreto Espía” no debiera ser visado por Contraloría ya que “infringe las garantías constitucionales de respeto a la vida privada e inviolabilidad de las comunicaciones, así como las normas legales que regulan y limitan en su caso el ejercicio de las mismas contenidas en el artículo 222 del Código Procesal Penal, la Ley Nº 19.628 y la Ley General de Telecomunicaciones, por lo cual no corresponde que se de curso a su toma de razón”.
Según Francisco Figueroa, coordinador de la Izquierda Autónoma, “Un Estado democrático no puede vigilar a la ciudadanía. Encontrándonos ante una crisis de legitimidad, la democracia se debilita aún más cuando la autoridad pública está más dispuesta a tratar a las personas como sospechosas antes que como titulares de derechos. El subsecretario Aleuy debe echar pie atrás con este recurso que nos recuerda un autoritarismo propio de la era dictatorial”.
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