Hugo Fazio Rigazzi, presidente de CENDA, ha estimado necesario dar una lección de ética al Banco Central, del que fuera vicepresidente. Su figura venerable ha concurrido hasta La Moneda y el BC, a entregar personalmente un estudio que refuta tajantemente un reciente informe del instituto emisor al gobierno, en el cual ha pretendido descalificar el esquema de pensiones de reparto y recomendado destinar al ahorro la totalidad o la mayor parte del cinco por ciento adicional de cotizaciones propuesto por el gobierno. “El Banco Central la está desinformando —ha advertido Fazio a la Presidenta Bachelet— ¡los salarios no se tocan, ni un peso más al ahorro forzoso!”.
El estudio de CENDA demuestra que las recomendaciones del referido informe del BC, que fuera presentado con gran despliegue publicitario en enero pasado, son erróneas, inviables y cuestionables desde el punto de vista moral y político, puesto que su recomendación de destinar las nuevas cotizaciones al ahorro no mejora las pensiones actuales ni tampoco hasta el año 2050, pero en cambio incrementa extraordinariamente el ahorro forzoso desde el primer mes.
El ahorro forzoso que se impone exclusivamente a los trabajadores puesto que la cotización sólo se exige íntegramente a quienes ganan menos de dos millones de pesos al mes, suma ya dos terceras partes del fondo de pensiones. El dinero es traspasado íntegramente y de inmediato al sistema financiero y no será devuelto jamás debido al constante superávit corriente entre cotizaciones y subsidios, y pensiones pagadas. La recomendación del BC lo mantiene e incrementa extraordinariamente y desde el primer momento, sin mejorar las pensiones en nada durante décadas.
Como demostró el premio Nóbel Franco Modigliani, ello sucedería aún en el hipotético caso que cada afiliado recupere íntegramente lo ahorrado, lo que tampoco sucede debido al elevado costo del sistema. En otras palabras, la llamada “capitalización individual” es un mecanismo que necesariamente va traspasando una masa creciente de salarios a la “industria” financiera, que ésta no devolverá jamás.
Ello constituye una inmoralidad porque la base del pacto social en cualquier sociedad, es que la reposición y modernización del aparato productivo —también la educación— deben ser financiadas íntegramente por la élite con cargo al excedente de explotación, cuya apropiación legitima precisamente al cumplir este requisito. Nunca por los trabajadores con cargo a sus salarios, que deben respetarse sagradamente y destinarse íntegramente a sostener con un mínimo de dignidad a sus familias, incluidos sus viejos.
El ahorro forzoso es inmoral aún si fuera destinado íntegramente al ahorro nacional, lo que tampoco sucede en el sistema de AFP, que transfiere el grueso fuera del país y se queda con la parte del león en forma de comisiones y primas netas.
El informe del BC basa su conclusión contraria al reparto en una metodología que consiste en calcular el flujo de caja de dicho esquema, la misma que utiliza la propuesta Bravo-C para demostrar que sólo con cotizaciones se pueden sostener hasta el fin del siglo pensiones el doble de las actuales en relación a los salarios. Sin embargo, como es usual en los estudios que “demuestran” la supuesta “quiebra” del esquema de reparto, el BC minimiza ingresos y exagera gastos. CENDA corrige dicho sesgo y comprueba que destinar el cinco por ciento adicional a reparto duplica las pensiones actuales y se sostiene hasta mediados de siglo sin subsidios fiscales.
Lo más grave es que los pretendidos beneficios calculados por el BC al destinar el 5 por ciento adicional a capitalización, se basan en mantener las pensiones tanto o más bajas que ahora hasta la mitad del siglo, al tiempo que aumenta el ahorro forzoso desde el primer momento.
Según los supuestos del propio BC, que suponen recaudaciones disminuidas, gracias al mayor ahorro que propone los jubilados recibirán en promedio $379 mensuales adicionales por persona el primer año, $20.899 al cabo de una década, $64.120 al cabo de dos décadas, y $129.678 mensuales por persona el año 2050, en circunstancias que en esos años los salarios imponibles habrían subido en $14.272, $156.277, $346.778, y $685.550 pesos mensuales por persona, respectivamente. Esas cifras subirían muy poco aún en el caso de destinar a capitalización individual la recaudación corregida por CENDA.
El ahorro forzoso neto, en cambio, es decir, el dinero contante y sonante trasladado mes a mes desde los salarios al sector financiero para no regresar jamás, se incrementa desde el primer momento en dos tercios, más de 255 mil millones de pesos el primer mes, casi tres billones de pesos el primer año, aún en el caso que el costo de la administración de las cotizaciones adicionales sea cero.
El fondo de pensiones acumulado por las cotizaciones adicionales, por su parte, crece hasta alcanzar dos tercios del PIB al año 2050 aún con la recaudación disminuida estimada por el BC, y a más del 80 por ciento del mismo con la recaudación corregida por CENDA. Es administrado por la industria financiera en su propio beneficio y el de grandes grupos económicos que operan en el país, y no será devuelto jamás.
Al evaluar capitalización vs. reparto, el BC incurre además en el inaceptable error metodológico de comparar situaciones diferentes puesto que olvida el detalle que con capitalización las pensiones actuales no suben nada mientras el reparto las duplican.
Si se igualan mediante subsidios fiscales los beneficios a los pensionados de la capitalización individual con aquellos que les ofrece el reparto, como corresponde a una comparación bien hecha, ello generaría una deuda pública mayor que el ahorro logrado, equivalente a dos tercios del PIB al año 2050 con las magras recaudaciones estimadas por el BC y a más del 80 por ciento del mismo con la recaudación corregida por CENDA.
En el hipotético caso de no existir diferencia entre tasas de colocación y captación ni tampoco comisiones de los operadores, la deuda pública referida sumaría exactamente lo ahorrado por la capitalización individual. De este modo, el ahorro neto sería cero y se esfuman los supuestos beneficios estimados por el BC, quedando sólo el absurdo evidente de endeudarse para ahorrar.
Sin embargo, puesto que las diferencias de tasas y las comisiones de los operadores son considerables, la capitalización individual se traduce en un traspaso neto de impuestos a la industria financiera. Precisamente por este motivo, gobiernos de centroderecha terminaron recientemente con el símil de las AFP que fue impuesto en décadas pasadas en varios países europeos.
Ello es exactamente lo que ha venido sucediendo desde la imposición del sistema de AFP, puesto que parte de la deuda pública se explica por los subsidios a las pensiones, al tiempo que se transfiere mes a mes a los mercados financieros el segundo impuesto más importante después del IVA, que permitiría duplicar las pensiones sin subsidio fiscal alguno y sin subirlas cotizaciones ni edad de retiro.
El BC utiliza además en su argumentación un modelo macroeconómico discutible y supuestos manifiestamente sesgados cuyos resultados son de Perogrullo: ahorrar es siempre bueno y no hacerlo siempre malo, aunque el ahorro se sustente en mantener las actuales pensiones miserables durante décadas. Exactamente del mismo modo y con el mismo modelo podría demostrar, por ejemplo, enormes beneficios para la economía, el empleo, los salarios y las pensiones futuras, si se obligase a los trabajadores a ahorrar la mitad o más de su salario líquido actual. Una cosa es tan inviable como la otra.
El Banco Central elude de este modo el problema ético, social y político que el país enfrenta, que consiste precisamente en mejorar las pensiones terminando el abuso del ahorro forzoso y, puesto que no se puede dejar de hacerlo su recomendación no es más que un ejercicio académico carente de interés para efectos de establecer políticas públicas.
El BC pretende demostrar lo indemostrable puesto que sería muy extraño que el esquema de pensiones basado en el reparto, que utilizan casi todos los países del mundo y todos los más desarrollados a lo largo de más de un siglo con superávit corrientes en todos ellos y también en Chile hasta 1981, resultase inviable ahora en nuestro país.
Por Manuel Riesco
Santiago de Chile, 1 de julio 2017
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