-
El parlamentario del Partido País indicó que “mientras en Islandia, los máximos banqueros pasaron efectivamente por la cárcel por coludirse, en Chile, los ejecutivos farmacéuticos fueron castigados con hacer clases”.
-
“Y cuando se descubre que nuevamente empresarios se coludieron con algo tan esencial para las familias chilenas como lo son los pañales para los bebés, vemos que la ley aprobada solo hace unos meses no los puede castigar, porque ya pasado mucho tiempo desde los hechos”, agregó.
-
Legislador es autor de Proyecto de Ley, Boletín 10373-03, que busca impedir que empresas coludidas participen de licitaciones estatales. También ingresará moción para que los dueños de las empresas paguen con cárcel.
Recordando que, “lo advertimos durante la discusión del proyecto: se estaba aprobando una nueva ley que sigue tratando con guante blanco a los delincuentes de cuello y corbata”, el senador Alejandro Navarro se refirió al descubrimiento de una nueva colusión por parte de CMPC, que esta vez junto a la multinacional Kimberly Clark, subió los precios de los pañales por aproximadamente 7 años.
El senador del Partido País explicó que, “hoy nos hemos enterado de la existencia de un nuevo cartel en nuestro país, el de los pañales para los niños. Y es CMPC, la empresa chilena que ya está siendo investigada por la colusión del papel higiénico, quien esta vez, junto a la corporación estadounidense Kimberly Clark, se coludió por cerca de 8 años para subir los precios de otro producto esencial para las familias”.
“El problema es”, prosiguió, “que como los hechos habrían ocurrido entre los años 2002 y 2009, estos habrían prescrito según la nueva Ley Anticolusión, pues existe un plazo de 5 años luego de los sucesos para iniciar una investigación y la Fiscalía Nacional Económica como hoy sabemos, no lo hizo”.
De acuerdo a Navarro, “esto lo advertimos durante la discusión de la ley: la FNE no da abasto, pues fue su propio director quien indicó que son una pequeña agencia con recursos limitados y pocos abogados, por lo que no pueden estar en todos los frentes como se debiera”.
“Y lo que es peor, como la Ley 20.945, que fue promulgada en agosto de este año por la Presidenta Bachelet, establece que solo la FNE puede querellarse, el Ministerio Público está atado de manos”, manifestó el presidente de la Comisión de DDHH del Senado.
Para Navarro, “votamos a favor pues era imprescindible, pues aunque no se aplique a los procesos actuales, sino sólo para el futuro, impedirá el círculo vicioso de este tipo de delito, pero hicimos también las críticas necesarias de forma de hacer cambios antes de que fuera tarde, pero lamentablemente, no fueron escuchadas”.
“Pues no es posible que se requiera de una denuncia de la FNE para que se inicie una investigación penal. Ya lo hemos dicho, la ciudadanía, las asociaciones de consumidores, deben tener la facultad de presentar una querella criminal por colusión; el Ministerio Público debe tener la capacidad de investigar, sino, ocurre lo mismo que con el Servicio de Impuestos Internos”, adicionó.
“Por ello”, continuó, “sentimos que la Ley aprobada solo hace unos meses es más pirotecnia, pues sigue tratando a los delincuentes de cuello y corbata con guante blanco: solo puede investigar la FNE y si han pasado más de 5 años de los hechos, estos prescriben, como hoy ocurre con la colusión de los pañales”.
Proyecto de Ley no más licitaciones para coludidos
El senador del Partido País recordó que, “en noviembre del 2015, presentamos una moción que busca se establezca una inhabilidad especial para que las empresas condenadas por delitos contra la Libre Competencia puedan contratar con el Estado, debido al gran perjucio que estas conductas traen a los consumidores y al mercado”.
“Pues no es posible que empresas como CPMC, que hoy se descubre fue participe de una nueva colusión, haciendo subir los precios y lucrando con algo tan básico como lo son los pañales para los bebés, siga recibiendo financiamiento del Estado para subsidiar sus plantaciones o que se le sigan comprando sus productos por millones de dólares, con el evidente gasto fiscal que esto requiere”, enfatizó.
Y agregó: “el proyecto persigue también que dicha inhabilidad se aplique a quienes accedan al beneficio de exención o rebaja de multa por medio de la delación compensada, ya que de lo contrario, resultaría fácil para quien se autodenuncie eximirse de toda culpa”.
Navarro informó además que “el proyecto busca hacer extensiva la inhabilidad a quienes intermedien bienes o servicios producidos o proveídos por los condenados o beneficiados por los delitos contra la libre competencia, a efectos de evitar el fenómeno de los ‘palos blancos’”.
Ley a la vanguardia mundial
El legislador por la Región del Biobío recordó que, “la nueva ley anticolusión, pese a que dictamina penas de hasta 10 años de cárcel para quienes se han coludido, tiene los mismos dejos de las legislaciones a nivel mundial: solo cumplen la pena los ejecutivos de mando medio y no realmente los dueños de las empresas”.
“Esto es algo que ocurre en diversos países más desarrollados que el nuestro, pues la penalización como solución a la colusión es un asunto altamente debatible. Es más, un estudio del King´s College de Inglaterra sobre diversas legislaciones para perseguir carteles, demostró que hay un exiguo número de condenas en lugares como el Reino Unido, Grecia y Canadá”, narró.
“Y en Estados Unidos”, prosiguió, “donde se supone que envían a más culpables a la cárcel, estos son siempre ejecutivos de mediano o menor rango y extranjeros, pero no los llamados peces gordos, los que realmente toman las decisiones de las compañías, empresarios sin escrúpulos que tal como en Chile, ganan billones a costa nuestra y no tienen vergüenza en seguir metiéndonos las manos al bolsillo”.
“Por ello es que presentaremos ya sea un nuevo proyecto de ley o uno con reformas a la legislación aprobada recién en agosto, para que los grandes empresarios si deban pagar con cárcel por sus fechorías, tal como ocurrió en Islandia, donde un grupo de los más importantes banqueros debió ir a prisión por la crisis financiera del 2008”, aseguró el parlamentario.
Alejandro Navarro finalizó diciendo que, “la ciudadanía no tolera más impunidad. Sabemos cómo operan estas grandes empresas, de manera clandestina, repartiéndose mercados, y en la oscuridad de sus escritorios, perjudicando a los chilenos sin la menor consideración a sus bolsillos”.
“Por lo que espero la clase política y el Estado en conjunto reafirmen su convicción de que esto no siga ocurriendo. Tenemos la oportunidad de dar el ejemplo a nivel mundial, de que en vez de trabajos comunitarios, de clases de ética, empresarios tales como el Grupo Matte, quienes están detrás de la CMPC, paguen como cualquier persona que comete una fechoría, con cárcel”, sentenció el candidato presidencial del Partido País.
Santiago de Chile, 21 de diciembre 2016
Crónica Digital / PL
