Durante esta mañana un grupo de estudiantes, representadas por el abogado Alejandro Chaparro, presentaron 10 demandas por el delito de Infracción a la Ley del Consumidor, ante el 3er Juzgado de Policía Local de Viña del Mar, en contra del Instituto de Ciencias y Artes (Incacea), ubicado en Uno Norte 1325 de la Ciudad Jardín, institución perteneciente a la familia del actual Ministro de Justicia Teodoro Rivera Neuman, y a la que se le acusa de una serie de irregularidades y deficiencias en su sede Viña del Mar, todas los cuales transgreden la actual normativa de protección al consumidor.
Las demandantes son las alumnas de la carrera de Diseño de Vestuario quienes señalaron que “el Instituto durante los meses de marzo y abril del presente año, funcionó en dependencias ubicadas en calle Arlegui 242, comuna de Viña del Mar, en una casa conformada por tan solo dos piezas, que se divide en distintas oficinas y consultas médicas, con instalaciones sanitarias compartidas y pacientes que acuden a las consultas médicas ubicadas en el segundo piso”.
“Es así como el Instituto destinó una de las piezas a sala de computación, sala de clases expositivas y biblioteca. Además en esa sala se instalaron dos escritorios para la secretaria del Instituto, quién atiende público y recibe las llamadas telefónicas, mientras se desarrollan las clases. La segunda pieza tiene dos mesones de corte, que deben ser compartidos por las diez alumnas, nueve maquinas rectas caseras, dos maquinas overlock (de las cuales funciona una) y una maquina colleretera”, puntualizaron las afectadas.
Las demandantes son las alumnas Alejandra Herrera, Maria José Valencia, Leisa Zúñiga, Maria Angélica Marchesini, Loreto Vivanco, Cindy Dazarola, Astrid Soto, Alejandra Chávez, Gianina Figueroa y Maria Morales.
Al respecto, el abogado patrocinante, Alejandro Chaparro, señaló que “este grupo de estudiantes de diseño se suman a las cinco estudiantes de Enfermería que han concurrido a la Justicia denunciando infracciones a la Ley del Consumidor. Junto a lo anterior, es importante recordar que a comienzos de año se presentó una querella por estafa en contra de las autoridades de Incacea por el cierre de dicho Instituto, la cual se encuentra en investigación”.
Consultado por el objetivo de esta acción judicial, Chaparro afirmó que “lo que hoy buscan mis mandantes es que se repare el perjuicio que han sufrido, no sólo respecto del dinero invertido en sus estudios, sino también en el perjuicio moral que ha significado la decisión del establecimiento de cerrar sus sede en Viña del Mar y el prestar sus servicios en tan lamentable situación. Hoy mis mandantes sienten que se les ha roto el sueño de convertirse en profesionales de calidad, lo que eso es muy lamentable”.
Santiago de Chile, 21 de junio 2012
Crónica Digital
