El llamado encuentro de cooperación judicial regional tiene por objetivo agilizar las pesquisas sobre el accidente y garantizar una pronta administración de justicia para los familiares de las víctimas.
Gustavo Vargas, gerente general de la aerolínea LaMia, fue trasladado la víspera a las oficinas del Ministerio Público de Santa Cruz, en calidad de aprehendido junto con otros dos empleados de la compañía.
Según Iván Quntanilla, miembro de la comisión de fiscales que investiga el siniestro, la pesquisa se ampliará al copropietario de la empresa, Marco Rocha, residente en la central ciudad de Cochabamba.
El otro titular de la empresa, Miguel Quiroga, era el piloto que perdió la vida al estrellarse la aeronave y sobre quién pesa la responsabilidad de no garantizar el combustible suficiente para efectuar el vuelo.
Además de Vargas, también es investigada la funcionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Navegación Aérea, Celia Castedo, que huyó la víspera a Brasil para pedir refugio.
Castedo es responsabilizada por expedir la autorización para que despegara el jet de LaMia, pese a hacer notar que el plan de vuelo era anómalo y la carga de combustible insuficiente para recorrer los cerca de tres mil kilómetros que separan a Santa Cruz de Bolivia con Medellín.
La aeronave, que partió el 28 de noviembre del aeropuerto de Viru Viru, en el oriente boliviano, se precipitó a tierra el mismo día por falta de combustible en la región de Antioquia, Colombia, con un saldo de 71 fallecidos, de los cuales cinco eran bolivianos.
En el accidente perdieron la vida casi todos los miembros del equipo brasileño de fútbol Chapecoense y más de una veintena de periodistas. Solo sobrevivieron cinco personas, entre pasajeros y tripulantes.
Después del desastre, Bolivia suspendió el permiso de operador a la empresa LaMia, especializada en vuelos chárter, e inició una investigación a fin de conocer si cumplió todos los requisitos para la explotación de servicios aéreos.
El Gobierno decidió también cambiar al personal ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil y de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea, mientras duren las investigaciones.
