Familiares de víctimas paraguayas del Plan Cóndor, que coordinó la represión durante las dictaduras del Cono Sur de América, valoran hoy como «un comienzo» el juicio en Argentina que condenó a prisión a 15 acusados por esa causa.
Junto a defensores de derechos humanos, los familiares asistieron a la transmisión en directo de la sentencia del juicio por el Plan Cóndor en la embajada argentina en Asunción, para conocer las sentencias dictadas acerca de las 15 víctimas paraguayas que figuraban en la causa, apuntó el periódico Hoy.
Durante el proceso seguido en Buenos Aires se probó la existencia de una asociación entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para perseguir, secuestrar y asesinar a ciudadanos en cualquiera de esos países.
El tribunal argentino dictó condenas en relación con los paraguayos Florencio Benítez, desaparecido en 1976 en la provincia de Buenos Aires; Juan Alberto Filártiga, desaparecido en 1978 en Formosa; y Cástulo Vera Báez, desaparecido en 1977 tras su detención en la zona de la Triple Frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil.
Además, la Justicia argentina también dictó condena acerca de la desaparición del uruguayo Gustavo Insaurralde, detenido en una pensión de Asunción junto a otro uruguayo y tres argentinos en 1977.
Éste es el inicio de un veredicto que deberá seguir investigándose, no termina acá y menos para los paraguayos, a quienes nos abre la esperanza para seguir luchando para que en nuestro país también se haga justicia, declaró Rogelio Goiburú, titular de la Dirección de Reparación y Memoria Histórica del Ministerio de Justicia de Paraguay.
Goiburú es hijo del médico opositor a la dictadura stronista Agustín Goiburú, desaparecido en 1977 y que también figuraba en el listado de víctimas en el juicio por el Plan Cóndor.
Rogelio Goiburú apeló al trabajo de la Justicia paraguaya para condenar a los agentes militares de menor rango, policiales y civiles que tomaron parte en la represión durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), y que continúan con vida.
Por su parte, Guillermina Kanonnikoff, que fue detenida y torturada durante la dictadura stronista, y cuyo marido, Mario Schaerer Prono, fue asesinado por el régimen, dijo que esperaba como mínimo una cadena perpetua contra algunos represores por sus crímenes aberrantes, que deberían tener una ejemplar sentencia.
Kanonnikoff fue la promotora de la primera querella presentada en Paraguay por un crimen cometido durante la dictadura, y en 1999 consiguió una condena a la pena máxima de prisión, que era de 25 años, para varios represores stronistas, una sentencia que, según recordó, sentó jurisprudencia aplicable a otros casos similares.
Otro asistente a la retransmisión del juicio, Guillermo González, hijo del paraguayo Octavio Rubén González Acosta, desaparecido en 1973, dijo que en Paraguay no hay visos de que se concrete un juicio como el seguido en Argentina por el Plan Cóndor, debido a que el gobierno del presidente Horacio Cartes es «netamente
stronista», y busca obstaculizar el proceso.
En este sentido, el periodista Antonio V. Pecci, miembro de la Mesa de la Memoria Histórica en Paraguay, afirmó que en la Justicia paraguaya están archivados procesos contra los responsables de la dictadura stronista desde hace 20 años, pero los jueces no les dan curso.
La Comisión de Verdad y Justicia remitió un listado de 70 represores debidamente identificados, pero la Fiscalía no ha impulsado ninguna acción. La Justicia paraguaya está en deuda con las víctimas de la dictadura, y con la vigencia de los derechos humanos, expuso Pecci.
Asunción, 28 de mayo 2016
Crónica Digital / PL
