En una significativo e interesante cambio de estrategia el empresariado chileno ha decidido participar en el proceso constituyente puesto en marcha por iniciativa del gobierno y posicionarse en la discusión en torno a la reforma de la Carta Magna, en la adecuación de sus principios, fundamentos y articulado a la realidad de un país, de una sociedad que demanda más democracia, mas progreso social, más justicia, más oportunidades, más participación.
La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la máxima organización del empresariado chileno, y en cuyo Comité Ejecutivo participan los presidentes de las seis ramas nacionales, acordó “incentivar” a sus asociados a participar en el proceso constituyente, y en particular en los cabildos y encuentros que contempla su cronograma.
Las entidades empresariales acordaron además desarrollar un proceso de capacitación de sus asociados,, con información teórica y práctica, elaboración de propuestas y temática a expresar en la discusión, el sistema de valores e intereses a defender, así como una acción política a desarrollar en las diversas instancias de participación que contempla el proceso.
La plataforma que llevarán los empresarios a la discusión es la defensa de la economía de mercado, la “libertad de emprender”, la libertad de empresa, el resguardo del derecho de propiedad, la mantención del Estado subsidiario, entre otros temas.
Obviamente esta participación, como lo apuntó el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock, no significa que no persistan en sus ataques al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en materias tales como el desempleo, el crecimiento, la productividad, o al proceso de reformas en marcha, la “incertidumbre” del mercado, etc o que algunos no cejen en sus intentos de desnaturalizar o deslegitimar la propia idea de la reforma , como lo dijo el gerente general de Besalco, Paulo Bezanilla (“No sabemos cuál es el problema. Nadie ha dicho que es lo que tiene de malo la Constitución (actual)”. o la actitud netamente confrontacional del ex presidente de la CPC, José Antonio Guzmán , para quien la incorporación de las entidades empresariales al proceso constituyente “es una necesidad frente a los anuncios refundac ionales”.
De todas formas la derecha política y el empresariado, han tomado en cuenta, con evidente pragmatismo, que la mayoría ciudadana expresada abrumadoramente en las encuestas se pronuncia de manera creciente por una nueva Constitución, y ha decidido participar en rl proceso de participación abierto por el gobierno.
No hay que descartar, sin embargo que la intención final- tal como se perfila en la Derecha política, que tampoco puede evitar el proceso- sea la de generar una estrategia e instancias de confrontación política que busque frustrar o erosionar mediática y socialmente el proceso constituyente y lo que se busque es generar un bloque de “cabildos” que en realidad participen de una estrategia de deslegitimación política.
Una intención de este tipo es el que parece estar detrás de la decisión de instalar Cabildos “propios”, por parte de l derechista partido Renovación Nacional y su plataforma digital, Cabilderos.cl , cuyo objetivo es elaborar un proyecto propio de Constitución que se presente al Congreso Nacional, y llegar con ese texto a un plebiscito, o de Evopoli y su Centro de Estudios Horizontal, que dice buscar “fiscalizar desde dentro” y se propone convoca r a más de 100 cabildos en el país.
Por ahora, la decisión política proclamada por el bloque opositor de Derecha “Chile Vamos”- a pesar de las reticencias y refunfuños, es dejar de lado la tesis de la marginación (“cuando uno se margina lo que se deslegitima es el mismo sector”, declaró el presidente de Evopoli, diputado Felipe Kast , llamando a “ocupar todos los espacios disponibles” y a que “no podemos t regalar ningún espacio”.
De todas formas, aunque las diversas facciones de la derecha “tradicional” y de los “renovados” no terminan de ponerse de acuerdo, la decisión que parece tener mayor apoyo y que tiene carácter de estratégica y es un evidente cambio en la posición ultramontana que hasta ahora había negado legalidad y sobre todo legitimidad al proceso, descalificándolo en principio, es la de incorporarse al proceso.
La vía de automarginarse, de restarse a un proceso en que la mayoría nacional está acorde, los habría dejado fuera del escenario real y de la posibilidad de hacer presente sus opiniones, y sobre todos sus intereses, políticos, ideológicos y sociales.
La apuesta inicial de la derecha pinochetista de descalificar el proceso de reforma constitucional y la participación democrática de los ciudadanos, anticipaba una derrota político social, que podría tener devastadores efectos electorales y dejaba abierto, sin contrapeso, el camino a las reformas, sin la alternativa de expresión de sus opiniones .
Incorporarse al proceso podría interpretarse como una muestra de pragmatismo o como una decisión de someterse a un mecanismo democrático de participación, de discusión de ideas, de legítima expresión de posiciones políticas a ideológicas, a una práctica de la democracia.
Como es obvio nadie podría estar en contra de que un sector significativo del espectro político, social y económico nacional, tenga derecho a expresar sus ideas e intereses en una discusión tan trascendental en el escenario político, para el país y las futuras generaciones.
Pero, como también es obvio, la decisión de la de4recha política y empresarial, implica un tremendo desafío para el progresismo, para la Nueva Mayoría, para la izquierda, para quienes votaron a favor de la reforma constitucional, y todos aquellos interesados en un cambio real.
El proceso constituyente es en este momento el escenario donde se dará – ya es así- una profunda y decisiva confrontación política e ideológica¨, “la madre de todas las batallas” en la lucha por un nuevo Chile, pero también un terreno en que se pondrá en juego e l futuro de las nuevas generaciones.
La determinación de la Derecha política y económica de pasar de las reticencias ideológicas a una activa participación en defensa de sus intereses significa que se dan cuenta de la importancia de la definición en marcha.
De una parte es un triunfo político del propósito del gobierno, de que la nueva Constitución surja de un acuerdo de de los ciudadanos y de su determinación de avanzar en el proceso de reformas políticas y una confirmación de la justeza de la línea política del gobierno y del progresismo, que la Derecha empresarial y política haya tenido que resignarse a participar.
Mal que mal una última encuesta de Radio Cooperativa y la consultora Imaginaacción constató que un 73.6 por ciento del los chilenos están de acuerdo en que se necesita una nueva Constitución y su demanda es un mandato que fue refrendado por el 62.17 por ciento de los electores en la segunda vuelta presidencial del 17 de diciembre de 2013.
De lo que se trata es que se abre un desafío político de magnitud, que además era inevitable. Lo importante es que lo haga dentro de un escenario democrático.
Y el progresismo, la Nueva Mayoría, el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y la izquierda chilena, deben tomar en cuenta su tremenda responsabilidad, y prepararse política, ideológicamente y organizativamente para enfrentar estas batallas por el porvenir del país y no escatimar esfuerzos, con un sentido de urgencia y responsabilidad patriótica.
Los progresistas y la izquierda chilena deben entender que la circunstancia es decisiva, crucial. Y que no es el tiempo de descansar, de darse gustitos de poca monta, de distraerse en consignas altisonantes pero desmovilizadoras o de perder el tiempo en discusiones inconducentes.
El llamado no puede ser otro que “involucrarse y actuar”. Este es el escenario real y éste el desafío prioritario del presente y del futuro.
Y en términos prácticos, la pregunta ya no es el clásico ¿Qué Hacer?, sino dónde está cada cual, en que instancia de participación, en qué cabildo, y como está aportando en la construcción de futuro.
Por Marcel Garcés Muñoz
Director de Crónica Digital
Santiago de Chile, 7 de mayo 2016
Crónica Digital
Interesante y de plena actualidad el tema del Proceso Constituyente.
Por esto mismo es también importante destacar y advertir a la ciudadanía que su participación es INDIVIDUAL O PERSONAL.
En este proceso no deben tener cabida ni menos existencia la Sofofa o CPC, ni ninguna otra organización empresarial o patronal. Como tampoco, los partidos políticos ni organizaciones social por muy humanista que sean sus objetivos.
La persona, tal como lo hace en las elecciones democráticas, debe participar en cuerpo y alma.
Permitir o ceder la existencia y acción de corporaciones, como los mencionados, en este proceso es abrir paso a prácticas propias del fascismo y su concepción corporativista de gobierno.