La Comisión de Educación acaba de despachar el proyecto de ley de “Nueva Educación Pública”. Corresponde ahora que sea revisado por la Comisión de Hacienda y votado por la Sala de la Cámara de Diputados. Luego deberá ser tramitado por el Senado.
Creemos que este es un paso importante para recuperar la Educación Pública en Chile; sin embargo, el proyecto todavía corre el riesgo de ser un paso correcto que deja una parte sustancial del cuerpo atrás.
Es un gran avance, porque devuelve al Estado la responsabilidad por la educación pública de las escuelas y jardines que abandonó en los municipios. A su vez, la ley propone un Sistema descentralizado en la administración y gestión, para que los proyectos educativos puedan adecuarse a sus realidades y características locales, con más participación de las comunidades educativas; además, el nuevo sistema propone una Dirección Nacional que tenga la responsabilidad de elaborar una política de Estado para la Educación Pública, más allá de los gobiernos de turno, que garantice un sistema de calidad y con visión estratégica para el conjunto del país.
Ahora bien, como es de esperarse, una legislación de gran impacto nacional como ésta, no sólo tiene aciertos, sino que también presenta complejidades y debilidades que es necesario resolver.
En el debate de la Comisión de Educación y, especialmente, con la firma conjunta de un protocolo de acuerdo de los parlamentarios de la Nueva Mayoría, que componen las comisiones de Hacienda y de Educación, hemos podido manifestar algunas complejidades que deben ser aclaradas y resueltas por el Ejecutivo, para que el proyecto que crea el Sistema Nacional de Educación Pública cumpla adecuadamente a su finalidad mediante el resguardo y respeto de sus trabajadores y trabajadoras.
Entre las principales complejidades, consideramos relevante: 1) Que el traspaso se realice sin la pérdida de beneficios para los trabajadores que actualmente componen los DAEM o Corporaciones Municipales de educación; 2) Cumplimiento del acuerdo con los asistentes de la Educación en cuanto a contar con estatuto propio; 3) Que los docentes que hagan ingreso a este sistema lo hagan en calidad de Titulares, tal como quedó establecido en un compromiso con el Colegio de Profesores al tramitar la Carrera Docente; y 4) Que los establecimientos educacionales “hospitalarios” cuenten con los recursos suficientes para su buen desempeño.
Estos son puntos relevantes que esperamos sean aclarados y reconocidos por el Ejecutivo. Sin embargo, el punto de mayor complejidad y mayor impacto, que a nuestro juicio es el punto que nos permitirá hablar verdaderamente de una Nueva Educación Pública, es el de Sistema de Financiamiento. El proyecto actual mantiene como base de su financiamiento la subvención por matrícula y asistencia, mecanismo responsable en gran medida de la actual crisis de la educación pública escolar. Lo hemos dicho con todas sus letras, este es un instrumento de financiamiento de mercado que fomenta la competencia y no la calidad, pero además, es un mecanismo irracional que hace incapaz al sistema de financiar los costos reales del funcionamiento y desarrollo de los proyectos educativos de cada escuela, porque le pone precio al estudiante y no valor a las condiciones para una buena enseñanza.
Creemos que es importante que el Ejecutivo se allane a comprometer una nueva estructura de financiamiento a través de un nuevo proyecto de ley, con plazos claros y acotados para que se implemente junto con la creación del nuevo sistema. Sólo con este compromiso podemos realmente ofrecer una garantía de oportunidad a todos los niños y niñas de nuestro país, para que accedan a una Nueva Educación Pública, Gratuita, de Calidad y Sostenible para las futuras generaciones.
Por Manuel Monsalve, Diputado PS y Camila Vallejo Dowling, Diputada PC
Santiago de Chile, 3 de mayo 2016
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