De 2011 a la fecha la institucionalidad post-dictadura viene en franca decadencia, desde las múltiples expresiones de lo que podríamos denominar izquierda, ha habido un émbolo que empuja a la sociedad en determinada dirección, esto no es nuevo, prácticamente todas las reformas en la historia de este país que han ido en auxilio de los más pobres y marginados han provenido desde la izquierda, aunque no es el objeto de este texto. Si es importante para comprender la resistencia que nuestras políticas generan en los poderosos, habitualmente conservadores y de derecha.
Necesitamos comprender que en cada triunfo hegemónico de una o más ideas se ha contrapuesto en primer lugar un intento de contraofensiva argumentativa, a continuación una ley –muchas veces con vicios de ilegitimidad – y finalmente el recurso de la violencia, es la historia repetida una y otra vez de la demanda justa y la represión, que transcurre siempre o casi siempre de este modo, ejemplos sobran, quizás las múltiples matanzas en la época del salitre y el golpe de 1973 con su posterior dispositivo de desmantelamiento del movimiento social y la militancia de izquierda, sean ejemplos más que evidentes de este comportamiento repetitivo de las élites y el conservadurismo.
A medida que avanzan los tiempos, algunas de las expresiones de las grandes mayorías marginadas van cambiando -no así la miseria en sí misma- ,logran instalarse hegemónicas en la palestra pública y obligan cada cierto tiempo a la élite a referirse a dicho asunto, en la época del salitre hubo que discutir de los derechos laborales, a contrapelo de las élites políticas y empresariales, hoy estamos discutiendo de gratuidad en educación sin que a ninguna de las dos coaliciones gobernantes de los últimos 25 años lo haya siquiera mencionado alguna vez en sus programas de manera seria, son las masas de estudiantes hastiados de comenzar su vida adulta endeudados los que colocan en la agenda una demanda antigua, un derecho antiguo que fue arrebatado durante la dictadura y la transición.
Transición que no acaba, aunque nos digan lo contrario, hasta reemplazar la constitución por una realizada en democracia.
El temor, por tanto, de la casta, es que les rayen la cancha, es que les pongan condiciones, que les impongan los temas a discutir, porque en ese terreno siempre pierden, a veces más o menos, pero nunca salen incólumes, algo están obligados a ceder, y por supuesto eso no les gusta.
Para eso se preparan, igual como las comunidades nos organizamos para continuar con el progreso social en la dirección de una sociedad de derechos, ellos se arman para resistir.
Resulta que, en el fondo, eso es todo lo que tengo para decir, la Agenda Corta Antidelincuencia sólo es un paquete de medidas de armas represivas que el Estado se entrega a sí mismo para enfrentar el avance de la historia en manos de miles y de millones anónimos que están –antes y ahora-, dispuestos a luchar por la libertad, la dignidad y la justicia.
Revisando algunos textos y opiniones de expertos en derecho respecto a la ley mordaza, parece haber un cierto consenso en que servirá de poco en la práctica, al menos lo que se puede observar previamente al trámite parlamentario íntegro y lógicamente a su aplicación, pero lo que sí se puede observar es que hay una evidente declaración de guerra del ejecutivo y del senado a la publicación de antecedentes que los pudieran involucrar a ellos, es literalmente, el ladrón detrás del juez. Esto afecta de manera directa uno de los pilares fundamentales de la justicia penal, la publicidad.
La detención por sospecha, llamada en un eufemismo tan nuestro, control de identidad preventivo, es un engendro político-legal nauseabundo que pretende colocar un manto de impunidad frente a lo que realmente es, una herramienta represiva en manos de las policías para detener a cualquier persona en cualquier lugar y solicitarle su documentación, si carece de ella, detenerlo y llevarlo a un recinto policial hasta que se identifique.
¿Les parece una herramienta que les permita tomar estudiantes detenidos en una marcha sin necesidad de darle una explicación a nadie, bajo la utilización de la ley de detención preventiva de identidad?, es decir, ya no será necesario ni siquiera el cargo de desórdenes públicos –cargo nunca probado por la policía ni la fiscalía en tribunales, desestimado todo el tiempo por los jueces – , ahora bastará con un control de identidad para desactivar movilizaciones.
Otras cosas adicionales han ocurrido, en las dos líneas que las coaliciones gobernantes han trazado para superar la crisis, se han disminuido a sí mismos los tiempos de prescripción de sus propios delitos, de 5 a 2 años los delitos asociados a campañas electorales ya no tendrán validez, aumentando las posibilidades de impunidad.
Por otro lado, están en camino a aprobar que las agresiones a las policías sean corroboradas sin dejar huellas visibles, lo que de por sí es una contradicción, pero el objetivo es el mismo que la detención por sospecha, dotar de armas legales represivas a las policías contra la movilización social.
Mi primer punto es que todo calza, estamos ante una operación política, encubierta de paquete de medidas, utilizando eufemismos para esconder el balón, que apunta por un lado a conseguir la impunidad de la clase política y sus empleadores reunidos hace unos días en Icare, y a la vez aprobar medidas legales en contra de los movimientos sociales, para controlar cualquier atisbo que se parezca a un 2006 o a un 2011.
El segundo punto es que Fernando Paulsen tiene razón, se caga en la prohibición, y está muy bien hacerlo, pero no sólo hay que cagarse en la prohibición, sino en todo este dispositivo legal –pero ilegítimo–, que pretendió hasta hace unos días meter presos a las fuentes y a los periodistas que publicaban información de investigaciones judiciales, hoy, por la presión de la sociedad civil, sólo irán presas las fuentes y no los periodistas, por supuesto no es menos grave, ni la ley, ni la intencionalidad detrás.
La casta política está en una crisis profunda producto de sus propias fechorías y delitos, se organizan delante nuestro para impedir que un nuevo orden social surja en el seno de la ciudadanía, para impedir el avance de la historia cautelando la democracia heredada de la dictadura y la transición, se aprontan para dar por superada la crisis, demostrando su vigencia en las elecciones municipales, hito clave que no debe pillarnos sin organización ni líderes sociales y ciudadanos y ciudadanas en todo Chile, líderes que planten batalla electoral en serio a la casta, chilenas y chilenos comunes y honestos dispuestos a asumir la tarea de gobernar, la tarea de administrar el poder, para cambiar el orden de las cosas.
La pregunta de siempre, vigente siempre, ¿qué hacer? Organizarse, estar en las calles, en las redes sociales y en la comunidad, estudiar a los candidatos y no votar por los rufianes de siempre, levantar candidaturas territoriales de candidatos(as) y dirigentes honestos, pujar por una asamblea constituyente, la historia no se acaba, se construye, se escribe, la agenda corta hay que denunciarla y resistirla, pero pasar a la ofensiva es imprescindible.
Por Andrés Hidalgo, Tesorero Partido Poder Ciudadano
Santiago de Chile,9 de abril 2016
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