La Cámara de Diputados aprobó este martes por 29 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención cursar la admisibilidad del proyecto de nulidad del artículo cuarto transitorio de la Ley de Royalty Minero que exime del pago de impuestos a las empresas nacionales hasta el año 2025.
Tras valorar que la Cámara de Diputados aprobara la admisibilidad del proyecto de ley que busca anular el artículo cuarto transitorio de la Ley de Royalty Minero, el diputado del PC, Daniel Núñez, refutó la recientes declaraciones del ex senador de la UDI, Pablo Longueira, y afirmó que “puede ser cierto que el señor Longueira no es empleado de una empresa, el señor Longueira es empleado de varias empresas”.
“Hemos escuchado explicaciones que son francamente artilugios distractivos del ex senador y ex ministro responsable de esta ley, el señor Longueira. Tal vez hay una cosa que no expresamos bien. Es cierto, puede ser cierto que el señor Longueira no es empleado de una empresa, el señor Longueira es empleado de varias empresas, porque está claro que no solo sirvió los intereses de Soquimich, también sirvió los intereses de Penta, del grupo Angelini, de las empresas pesqueras beneficiadas por su ley”, enfatizó.
La Cámara de Diputados aprobó este martes por 29 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención cursar la admisibilidad del proyecto de nulidad del artículo cuarto transitorio de la Ley de Royalty Minero que exime del pago de impuestos a las empresas nacionales hasta el año 2025.
La votación se produjo luego que el diputado Núñez cuestionara la decisión de la mesa, quien durante el informe de la cuenta había declarado inadmisible la moción de la Bancada PC-IC.
El parlamentario argumentó que este es un acto de “dignidad nacional” frente al poder corruptor del dinero.
“Vulnera el principio de probidad que establece la Constitución y sobre esa base pensamos que lo correcto, que lo justo, lo digno es que este proyecto de ley, en su artículo cuarto transitorio se anule y es por eso que este hecho, que se haya declarado admisible por parte de la Cámara de Diputados permite el inicio del trabajo legislativo y también un llamado de atención a todos los poderes del Estado, incluyendo al poder ejecutivo, de que tenemos que solucionar un problema real y cotidiano”, aseguró.
Según el diputado, es momento de abrir el debate para que Chile se dote de un mecanismo institucional que permita anular leyes viciadas.
“Tiene que haber un mecanismo institucional plenamente validado y que no tengamos esta discusión cotidiana de la admisibilidad que establezca cuando una ley puede ser anulada. Entendemos que no es un acto común y corriente, no tiene sentido que permanentemente una ley aprobada se anule, pero también entendemos que la democracia tiene derecho a defenderse frente al poder de la corrupción, frente al poder del dinero”, puntualizó.
Santiago de Chile, 5 de abril 2016
Crónica Digital
