La presidenta Michelle Bachele ha entregado a los chilenos una tarea democrática de gran responsabilidad y envergadura: participar en la elaboración de una Constitución Política del Estado, que dé cuenta del nuevo Chile, de sus demandas y sus necesidades.
Ahora es el tiempo de los ciudadanos. De su opinión organizada, de su participación activa y consiente . De su creatividad dependerá la profundidad de los cambios, la institucionalidad que resultará de la discusión nacional.
El anuncio de la
Mandataria, el inicio del proceso constituyente, responde a una necesidad histórica de cambio, de hacer concordar el texto de la Carta Magna al desarrollo de la democracia y la institucionalidad, al derecho de la ciudadanía a darse un conjunto de normas y principios , claramente concordadas en un ejercicio legitimo de participación y de responsabilidad social transversal , amplio, y representativo.
Mandataria, el inicio del proceso constituyente, responde a una necesidad histórica de cambio, de hacer concordar el texto de la Carta Magna al desarrollo de la democracia y la institucionalidad, al derecho de la ciudadanía a darse un conjunto de normas y principios , claramente concordadas en un ejercicio legitimo de participación y de responsabilidad social transversal , amplio, y representativo.
La constitución vigente, a pesar de las reformas y parches hechas es ilegitima en su origen y reaccionaria en las concepciones políticas y filosóficas que la fundamentan. Fue ideada, redactada e impuesta en dictadura, y con el objetivo de establecer, defender y mantener, un orden militar, social y económico, neo liberal , fundado en la fuerza de las armas y un poder totalitario.
La nueva Constitución, que la historia y las nuevas realidades nacionales y globales y la voluntad de los ciudadanos requieren y determinarán, se debe fundar en la democracia más amplia y profunda, en el protagonismo y participación tanto en el proceso de elaboración y en su aplicación práctica, de los ciudadanos y las organizaciones sociales (partidos, sindicatos, gremios, asociaciones, académicos), que reflejen distintos puntos de vista políticos e ideológicos y que tengan como horizonte patriótico, la ampliación de las libertades , y un proyecto modernizador y de futuro.
La característica del cronograma propuesto por la presidenta Bachelet es la participación, el respeto a los ciudadanos, y la garantía de dar espacio a la opinión de todos, asegurar los cambios necesarios e indispensables, un carácter institucional y participativo, en la perspectiva de un texto constitucional que tenga permanencia y legitimidad.
Esta elaboración colectiva de una Carta Magna que se inicia con un proceso de educación cívica, luego los diálogos ciudadanos en distintos niveles, no puede ni debe ser una camisa de fuerza formal, un espacio cerrado.
La discusión, el análisis, los foros, el intercambio de opinión, debe abrirse a las distintas sensibilidades que se expresan en la sociedad y encontrar los caminos, las posibilidades creativas para hacerse escuchar, con el debido respeto y, la responsabilidad que requiere la tarea de proyectar el futuro constitucional del país, y sobre todo con el ánimo y la voluntad política de aportar.
El debate ya está abierto y todos y cada uno tiene un lugar y el derecho a ser escuchado.
Hay mucho que discutir: por ejemplo el tema del rol subsidiario del Estado y la del modelo económico neoliberal , establecidos en calidad de categorías constitucionales por el texto pinochetista, o la concepción de familia, o el reconocimiento de los pueblos originarios , la descentralización efectiva, los remanentes de la Doctrina de Seguridad Nacional existente en el texto de la Carta Magna vigente, entre otras materias.
Al mismo tiempo se abre un proceso que vincula el debate constitucional a los mecanismos institucionales lo que adelanta la responsabilidad política de los ciudadanos y partidos, que al decidir en noviembre de 2017 por un nuevo Presidente o Presidenta de la República y la composición de la nueva Cámara y la parte correspondiente del Senado deberán hacerlo teniendo presente el grado de compromiso de estos a la nueva constitución.
Demás está decir que el proceso constitucional, cada etapa del mismo y por cierto cada propuesta, definición, cada instancia de discusión, de elaboración y resumen de las propuestas será objeto de una confrontación ideológica y política, a la cual no hay que temer o eludir, si se da en los marcos democráticos.
En el cronograma propuesto por la presidenta Bachelet se contemplan diversas instancias de participación: dialogo ciudadano, en comunas, provincias, regiones y la elaboración de una “síntesis a nivel nacional”.
Al mismo tiempo se contempla la participación del Parlamento en decisivas etapas del proceso, se delega en el próximo Congreso la discusión y aprobación de la forma o instrumento de aprobación de la nueva Constitución: comisión bicameral. convención constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos, asamblea constituyente o un plebiscito,
Se contempla también la conformación de un “Consejo Ciudadano de Observadores”, un conjunto de los llamados “Hombres Buenos”, o como se dice, “ciudadanos de reconocido prestigio”, , que monitoreará la etapa de la “educación cívica” ciudadana.
Se impone que los ciudadanos estén alertas para garantizar un proceso transparente y participativo, en definitiva, democrático. Habrá quienes – la derecha, en primer lugar- intentarán demonizar, frustrar, desacreditar o desnaturalizar el proceso constituyente y la participación democrática.
La discusión de una nueva Constitución, es un acontecimiento histórico para Chile, donde por primera vez los ciudadanos realmente tendrán la oportunidad de hacerse presentes, con sus opiniones y su voluntad en la elaboración y proyección de un sistema institucional democrático moderno, libertario y justo.
No hay que dejarse arrebatar este derecho.
Por Marcel Garcés, director de Crónica Digital
Santiago de Chile, 15 de octubre 2015
Crónica Digital
(fin)
