Para el analista politico de la U. de Santiago, Marcelo Mella Polanco, lo que corresponde es demostrar procesal y jurídicamente las responsabilidades individuales de los parlamentarios, en el caso de que existieren. Así analiza el llamado de quienes claman por derogar leyes como la de pesca, asociadas a empresas que realizaron pagos a algunos legisladores, como en el caso de Jaime Orpis, senador por las regiones de Arica y Parinacota, y Tarapacá.
En 2013, el ex asesor de la entonces diputada Marta Isasi, Giorgio Carrillo, declaró que la parlamentaría había recibido pagos de la empresa Corpesca para financiar su campaña política. Asimismo, hace algunos días el senador por las regiones de Arica y Parinacota, y Tarapacá, Jaime Orpis, reconoció que de la misma compañía obtuvo dinero para sufragar las deudas que generó su propia contienda electoral.
Para el analista politico y Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad deSantiago de Chile, Dr. Marcelo Mella Polanco, lo que corresponde es atribuir las responsabilidades individuales “sobre aquellos que habrían cometido actuaciones irregulares o incurrido en prácticas punibles, desde el punto de vista jurídico, pero no corresponde extender de manera automática esas sanciones sobre el conjunto de parlamentarios que votaron el proyecto de ley”.
Frente a este hecho, hay quienes sugieren derogar la ley de pesca, como la senadora de Amplitud, Lily Pérez, y su par del MAS, Alejandro Navarro.
En ese sentido, establecer el carácter poco auténtico de una norma “es bastante más difícil de probar jurídicamente, por lo tanto no creo que esa situación se vaya a concretar”, dice Mella pese a la confesión del senador Orpis.
El Decano estima como difícil, que aquello suceda, sobre todo cuando el escándalo de la corrupción ha salpicado a gran parte de la clase política nacional, y de forma transversal.
¿Revisar todo?
Por “la arista Soquimich que hemos conocido, que afecta a las dos coaliciones y a parlamentarios de prácticamente todos los partidos políticos, tendríamos que empezar un proceso de revisión de todas las leyes desde 1990 en adelante”, reflexiona Mella.
Añade que, por eso, “cuestionar el ordenamiento jurídico, porque eventualmente el financiamiento a los parlamentarios se hacía de forma transversal, sería decir que todas las leyes de los últimos 20 o 25 años son ilegítimas y, por lo tanto, que deberían ser cuestionadas y eventualmente derogadas”. Sin embargo, aquello no sucederá, sentencia Mella.
Lo que corresponde es demostrar procesal y jurídicamente las responsabilidades individuales de los parlamentarios, pues “plantear que el ordenamiento jurídico tambalea por este tipo de situaciones que son de carácter individual, hasta que no se demuestre lo contrario, me parece que es tener la imaginación demasiado activa”, reflexiona.
“Extender la responsabilidad de un parlamentario a las dos cámaras, me parece que es una acción un poco temeraria. No veo como posibilidad, todavía, una situación de esa naturaleza”, concluye.
Santiago de Chile, 5 de junio 2015
Crónica Digital
