“Si un ciudadano ve que el dinero tiene mucha influencia en las decisiones de quienes ejercen el poder político, ¿qué confianza va a tener en que sus representantes realmente tomen decisiones en función del interés público?”, dijo Fries, remarcando que “el Estado debe aumentar sus niveles de transparencia y entregar cada vez más herramientas a la ciudadanía para que todos y todas podamos ejercer un control ciudadano sobre las acciones de quienes nos representan”.
El nuevo instructivo obligará a ministros/as, directivos/as de empresas públicas y rectores/as de universidades estatales a presentar una declaración de patrimonio e intereses antes de la primera quincena de abril próximo. Esto involucra a trabajadores/as contratados/as a honorarios en ministerios, servicios o gobiernos regionales, sobre un monto de remuneraciones determinado.
La Directora del INDH valoró este anuncio que apunta a la transparencia, recalcando que el INDH -en su compromiso con la transparencia y la probidad- ya publica en su sitio web la declaración de intereses y patrimonio de sus consejeros y consejeras, a la vez que ya envía a Contraloría General de la República la misma información de sus jefes y jefas de unidad. Con el nuevo instructivo, esta información también será publicada en la página web del INDH.
Respecto a los últimos acontecimientos que han mermado la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas, Lorena Fries manifestó: “Hay que tomar medidas concretas y efectuar todas las acciones que sean necesarias, caiga quien caiga, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Es prioritario elevar el umbral de las buenas prácticas en nuestra legislación y contar con la debida fiscalización para fortalecer la democracia”.
La Directora del INDH explicó que la corrupción es un tema de derechos humanos, ya que puede tener un impacto sobre estas garantías porque cada acto de corrupción altera las reglas del juego, los criterios que garantizan que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan el mismo acceso a la justicia y a la igualdad de derechos. “Es muy complicado porque todo esto afecta la confianza de la ciudadanía en la democracia. Si un ciudadano ve que el dinero tiene mucha influencia en las decisiones de quienes ejercen el poder político, ¿qué confianza va a tener en que sus representantes realmente tomen decisiones en función del interés público?”, dijo Fries, remarcando que “el Estado debe aumentar sus niveles de transparencia y entregar cada vez más herramientas a la ciudadanía para que todos y todas podamos ejercer un control ciudadano sobre las acciones de quienes nos representan”.
Nuevo instructivo
La Presidenta Michelle Bachelet, durante el acto en La Moneda, explicó el contenido de este nuevo instructivo. “Se establece que las declaraciones deben tener información completa y veraz sobre la totalidad de activos, pasivos e intereses de quienes las presentan. Además del contenido que actualmente estipula la ley, estoy solicitando que contemplen la totalidad de actividades profesionales y económicas de quien declara, remuneradas o no, en las que haya participado durante los dos años anteriores a asumir su cargo”, sostuvo.
La Presidenta también manifestó que este informe debe incluir la tasación fiscal y valor comercial de inmuebles y vehículos, la participación en comunidades, sociedades o empresas y el valor comercial de esos derechos. “Pero si además los derechos o acciones le permiten influir decisivamente en la administración de una sociedad, comunidad o empresa, deberá indicar bienes, derechos y acciones que pertenezcan a ella”, añadió.
En esta misma línea, explicó que la declaración de patrimonio debe transparentar los créditos o deudas a partir de cierta cantidad, con el monto y el nombre o razón social del acreedor, así como los depósitos y cuentas bancarias de funcionarios o autoridades, con los montos correspondientes.
También destacó que dicho instructivo abordará a la Dirección Sociocultural de la Presidencia, independiente de si recibe o no remuneración.
Esta documentación deberá ser presentada antes del 30 de abril y se habilitará un sitio electrónico con datos abiertos para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda consultar las declaraciones de funcionarios y autoridades.
Finalmente, la Mandataria anunció el envío de un proyecto de reforma constitucional para que los Presidentes y Presidentas de la República presenten declaraciones de patrimonio e intereses de por vida.
Santiago de Chile, 20 de marzo 2015
Crónica Digital