Los mecanismos de selectividad observables en los colegios están muy lejos de llegar a su término con el proyecto de reforma educacional actualmente en trámite en el Congreso. En efecto, la iniciativa pone ciertos límites al perverso sistema de ingreso establecido en los establecimientos de enseñanza, pero mientras la propuesta avanza, quienes lucran en el sector están profundizando los modelos paralelos a los que habitualmente recurren para asegurar un perfil de estudiante dócil a los propósitos de su empresa. Y es que, tan sólo tomando en cuenta el primer semestre de este año, las denuncias por expulsión de niños y jóvenes se han triplicado respecto de igual período de 2013 (El Mercurio, 30 de septiembre). Mientras la Pontificia Universidad Católica defiende el interés privado planteando que la selectividad, incluida la expulsión, sería una “estrategia de mejora de la educación”, y justificando que las escuelas expulsen, como una “manera de seguir controlando la composición de su alumnado”, la autoridad ha tenido una actitud contemplativa, que deja en claro que tal anomalía no será enfrentada con legislación. “Es muy importante que los establecimientos mantengan un diálogo fluido con las familias de los alumnos”, es todo lo que comenta, respecto del fenómeno, la Superintendencia de Educación.
¿Bajo qué principio los colegios subvencionados y privados se arrogan la facultad de expulsar? Bajo ninguno. Sólo invocan normas internas, dictadas al antojo de sus sostenedores, y en cuya redacción los protagonistas del proceso educativo no han tenido participación alguna. La pasividad en esta materia es inaceptable, incluso considerando que la legislación vigente consagra la obligatoriedad de la educación escolar, es decir, ella es un derecho y el Estado debe velar por él. Las llamadas normas de convivencia en las escuelas no pueden constituir una manera de conculcar esa prerrogativa, ni tampoco un modo de levantar feudos al margen del ejercicio soberano. La expulsión de estudiantes es evidentemente un sistema de discriminación cuya aplicación se multiplicará y operará de facto si la ley no regula las atribuciones que a la fecha se arrogan los directores de establecimientos. De igual manera, la brutal selección que opera en el país sólo cederá realmente en la medida en que lo haga la desigualdad social que hoy reduce las posibilidades de la enseñanza a una matrícula definida por origen de clase.
Por Academia Libre
Santiago de Chile, 9 de octubre 2014
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