SOBRE PROPUESTA DE SENADOR RN M.J. OSSANDÓN Y BÚSQUEDA DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

En relación a la iniciativa de crear una “Comisión final de búsqueda de desaparecidos”, Londres 38, espacio de memorias reitera su propuesta “Compromiso por la Verdad y la Justicia”, difundida en junio pasado, donde se establecen las medidas mínimas para avanzar hacia verdad y justicia, ahora.

COMPROMISO POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Aunque la demanda por verdad y justicia comenzó en el mismo año 1973, y ha continuado en forma ininterrumpida hasta hoy, ella constituye una deuda pendiente del Estado de Chile.

Las conmemoraciones, hace un año, en torno a las cuatro décadas del golpe de Estado fueron el escenario para el reconocimiento de las acciones y omisiones que posibilitaron la sistemática violación de los derechos humanos. Así lo reconoció la Corte Suprema de justicia y hasta el propio ex Presidente de la República quien afirmó que durante la dictadura “toda la sociedad pudo haber hecho mucho más”.

No queremos que en un futuro cercano se realice un balance semejante respecto de lo que pudo hacerse en nuestro presente. Este es el momento de traducir en acciones esos reconocimientos a través de un Compromiso por la Verdad y la Justicia plenas, con medidas concretas que permitan avanzar a la brevedad, y del cual se hagan parte todos los actores sociales y políticos.

La urgencia actual está dada por el tiempo transcurrido y por una serie de obstáculos, entre ellos el pacto de silencio de los victimarios, que ha impedido establecer la verdad sobre el destino de la inmensa mayoría de las personas detenidas desaparecidas, y hacer justicia respecto de las violaciones a los derechos humanos. A ello se suma ahora la impunidad “biológica” causada por elfallecimiento natural de victimarios, testigos y víctimas.

Luchar contra la impunidad del pasado es también contribuir a la justicia en el presente ya que aquella es el precedente de las formas actuales de impunidad. Esta demanda constituye un imperativo ético y político que no debe ser ignorado una vez más. Es por ello que solicitamos se dispongan las siguientes medidas:

1. Apoyo al poder judicial, facilitar los recursos y medios que permitan tramitar con mayor rapidez en las distintas instancias judiciales, y designar más ministros con dedicación exclusiva en causas de crímenes de lesa humanidad ya que, actualmente, el número de causas por ministro atenta contra el resultado de la investigación. A modo de ejemplo, según datos que son representativos del universo total de causas, de los 98 casos de víctimas que pasaron por Londres 38, sólo 24 cuentan con sentencias ejecutoriadas, 13 de ellas corresponden a personas detenidas desaparecidas cuyo destino, lugar y fecha de ocurrencia de los hechos no fue establecido en la investigación, ni se condenó a todos los involucrados en los crímenes, fueran autores, cómplices o encubridores.

Fortalecimiento de los órganos auxiliares de la justicia, en particular, la Brigada investigadora de delitos contra los derechos humanos, de la Policía de Investigaciones (PDI), y recomposición de los equipos desarticulados durante el gobierno pasado.
Desclasificación y apertura de archivos a fin de hacer efectivo el derecho al libre acceso a la información pública en poder de los órganos de la administración del Estado. Entre los archivos a los cuales estamos solicitando acceso sin restricciones mediante la campaña “No más archivos secretos”, suscrita por 21 organizaciones y más de 2 mil personas, están:

— Archivos de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig) y de las dos Comisiones sobre Prisión Política y Tortura (Valech), estas últimas con secreto por 50 años.

— Archivos aun en poder de las fuerzas armadas, policiales y de inteligencia que podrían contener información relevante sobre estos casos.

— Análisis y procesamiento del archivo de la ex Colonia Dignidad, incautado en 2005 y que estuvo durante nueve años bajo secreto judicial. El archivo ahora está en manos de las organizaciones de derechos humanos, pero es deber del Estado usar esa información para causas judiciales y preservarlo como parte de archivos históricos.

Derogación de la Ley 18.771, de 1989, que exime a las instituciones del Ministerio de defensa, de las fuerzas armadas, de orden y seguridad pública, de la obligación de transferir sus documentos al Archivo Nacional –que tienen todos los organismos públicos–, y les autoriza a eliminarlos mediante la sola decisión de una jefatura superior. Hoy, esta norma ampara la nula colaboración de estas instituciones con la justicia: según consta en los expedientes judiciales de causas por violaciones a los derechos humanos, de 165 solicitudes de información enviadas por los tribunales a las fuerzas armadas y policiales, durante 2013, solo 65 de ellas fueron contestadas y las respuestas demoraron hasta 7 meses.

Elaboración de una Propuesta General de Archivos de la Represión que entregue atribuciones a una entidad pública y que haga exigible a los organismos del Estado informar sobre su existencia, disponer su agrupamiento y resolver, con recursos del Presupuesto Nacional, su conservación, procesamiento, análisis y acceso.
Reapertura y mantención de una instancia permanente con atribuciones para calificar y otorgar los beneficios correspondientes a los casos de ejecuciones políticas, desapariciones forzadas, torturas y prisión política ocurridas en el periodo dictatorial.
Ampliación y fortalecimiento de la labor de seguimiento de las causas judiciales que realiza el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, incluyendo el apoyo jurídico necesario para entablar querellas contra responsables de secuestros y torturas.
Fin a la justicia militar y a la legislación antiterrorista a fin de garantizar el debido proceso e impedir la impunidad en casos como el de José Huenante y Matías Catrileo, entre otros.
Apoyo del estado a los sitios de memoria en el marco de la definición de una política pública que reconozca y haga efectivo el derecho a la memoria.
Creación de un espacio permanente de participación de las organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria para la elaboración de las leyes y medidas relacionadas con casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.