El miércoles 18 de julio ocho militantes de izquierda fuimos arrestados en las afueras del edificio de la Agencia Nacional de Inteligencia ANI, la “justificación” dada para nuestro arresto fue intentar leer una declaración pública en contra de la Ley Hinzpeter.
Esta ley que hoy esta siendo discutida en el Parlamento chileno pretende criminalizar la protesta social, es una ley que claramente apunta en contra de los dirigentes sindicales y trabajadores en huelga que hoy están radicalizando sus métodos de lucha, dada la prepotencia y el abuso patronal que en este país empezó junto con la llegada de la dictadura de Pinochet y que se mantiene hasta nuestros días, esta ley también apunta contra las comunidades mapuche que hoy están dando una lucha por recuperar todas las tierras que le han sido robadas por lo terratenientes chilenos y extranjeros que hoy están instalados en su territorio, esta ley también apunta en contra de los estudiantes que están se están movilizando para poner fin del lucro o robo que hoy están realizando los colegios, liceos y universidades privadas y exigiendo la instalación de una educación publica, gratuita y de calidad, esta ley también apunta contra los pobladores que hoy están siendo esquilmados por los bancos, con las deudas hipotecarias que los están obligando a pagar dos o tres veces sus casas, dado los intereses usureros que hoy les aplican los bancos.
La ley Hinzpeter busca perpetuar el abuso patronal.
Esta claro que no podemos aceptar que se apruebe una ley criminal que apunta claramente contra los movimientos sociales que hoy están levantando sus demandas en contra de un gobierno de los empresarios, que entre otras cosas están entregando nuestras riquezas naturales a los empresarios más ricos de este país o las transnacionales, como es el caso de la aprobación de una nueva ley de pesca que entrega a perpetuidad los recursos marinos a un pequeñísimo grupo de empresarios, privatizando de paso el mar que en teoría es de todos los habitantes de este país.
La ley Hinzpeter también apunta contra los trabajadores que hoy se están movilizando contra la aprobación de un salario miserable de $193 mil pesos mensuales, después de un largo show de las dos conglomerados de derecha, la Alianza y La Concertación, en resumidas cuentas es una ley que apunta a perpetuar el abuso patronal, tratando de legitimar con una ley los abusos empresariales, dado que no hay nada más violento que obligar a cientos de miles de trabajadores y sus familias a vivir con menos de $350 mil pesos mensuales.
Las Fuerzas Especiales de carabineros están integradas por puros criminales.
Para hacer efectivo el abuso patronal necesitan a todos los criminales que hoy integran las Fuerzas Especiales para el crimen que tienen las fuerzas represivas de la policía, como quedo demostrado una vez más con nuestro arresto ilegal y arbitrario, una vez que fuimos reducidos y subidos arriba del bus donde permanecimos detenidos nos siguieron golpeando, sin ninguna justificación o razón para dicha situación, se ensañaron especialmente contra una compañera y un joven militante del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, era como estar en los mejores tiempos de la dictadura de Pinochet, todo este accionar es amparado por el Ministerio del Interior y el gobierno, tratando de darle un barniz de legitimidad a un hecho que no tiene nada de legitimo y que no respeta los derechos humanos mínimos que debiera tener cada ciudadano.
Por supuesto no debemos olvidar, que los que hoy integran las Fuerzas Especiales son elegidos por su nivel de imbecilidad y brutalidad, estos elementos son los mismos que han asesinado por la espalda a varios comuneros mapuche, los que le reventaron los ojos a varios pobladores de Aysén, dejándolos inválidos, a los que asesinaron a un trabajador forestal en huelga, los que reprimieron a los pobladores de Freirina y los que día a día reprimen a los trabajadores que se encuentran en huelga en este país.
Santiago de Chile 20 de julio 2012
Celso Calfullan
Socialismo Revolucionario.
Crónica Digital
