La movilización de los estudiantes secundarios, llamados afectuosamente pingüinos, se efectuó por medio de una inmensa, ruidosa, masiva y sonora voz que recorrió el país y obligó, entre otras cosas, a cambiar la agenda presidencial.
Las movilizaciones de los secundarios y universitarios este año no han logrado hacerse oir de igual modo. Los medios de comunicación no los relevan, y los apoyos de los apoderados, tan evidentes y rotundos el año pasado, ahora no se expresan de igual modo.
Las explicaciones pueden ser muchas. Hay a lo menos dos factores visibles: uno, la cerrazón de los medios de comunicación en general para informar y otra que el Ejecutivo ha presentado cuatro proyectos de ley que dicen relación con las propuestas estudiantiles.
Veamos rápidamente los cuatro proyectos:
La subvención preferencial, con más recursos para los sectores vulnerables pero que va con el agregado de medición por SIMCE y de cierre de establecimientos que al cabo de tres años no superen esos resultados.
Reforma constitucional para garantizar la educación como un derecho, respetando la libertad de enseñanza, o del negocio de la enseñanza.
Ley general de Educación, o derogación de la LOCE, sin que llegue a tener el mismo rango legal de ley orgánica, y que apunta insuficientemente a algunos cambios, pero que tiene alineados a los sectores empresariales de la educación en su contra por pretender poner fin al lucro con los recursos de todos los chilenos y por avanzar en la democratización del mundo escolar limitando la selectividad de los estudiantes.
Superintendencia de educación, es decir, instrumento de fiscalización de los recursos que se entregan para educación, lo cual es muy bueno, pero que va de la mano de un control pedagógico que sigue apuntando a resultados.
¿Cómo se entiende un país, una sociedad que no debate estas propuestas?
¿Acaso no deberían estar los estudiantes en asamblea permanente discutiendo si los proyectos representan sus aspiraciones? ¿No deberían haber foros con distintas posiciones en cada establecimiento educacional? ¿No debería ser tema de los Consejos de profesores el conocimiento cabal de los alcances de estos proyectos?.
¿Quien y cómo impone este silencio?¿ Los propios protagonistas se han vuelto indiferentes al curso de los proyectos? ¿La ciudadanía delegó realmente en el Parlamento estos temas y espera confiada lo que de allí saldrá? ¿Esperaremos confiados los profesores y profesoras para después lamentar lo que ahora es posible direccionar aunque sea en pequeña medida? ¿Nuestra organización gremial ya no busca ser protagonista? ¿Creemos en el lobby y en el silencio? Yo no.
Espero que haya pronto ruido, muchas voces reclamando, orientando, exigiendo.El principio básico de la participación democrática pasa por al menos hacer oir una opinión.
Por Olimpia Riveros R. Miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.
Santiago de Chile, 31 de agosto 2007
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