La abogada de derechos humanos Pamela Pereira, cuyo padre está entre los desaparecidos erróneamente identificados por el SML en 1991, dijo haber testificado en ese proceso, en el cual también participó el entonces ministro de Justicia José Antonio Gómez.
También aseguró que durante la administración de Eduardo Frei (1994-2000), el ex presidente creó una comisión para pesquisar irregularidades en materia de derechos humanos.
El vocero del Ejecutivo Ricardo Lagos Weber aseguró que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet desconoce la existencia de una investigación interna dispuesta por el ex mandatario o la creación de un mecanismo verificador durante el mandato de Frei.
El secretario de Estado pidió esperar los resultados de las investigaciones sumarias que se llevan a cabo y reiteró que el gobierno está haciendo todo lo que está a su alcance y ha dado todo su apoyo al proceso en curso para esclarecer lo sucedido.
Bachelet nombró a la activista social María Luisa Sepúlveda como su representante personal para encabezar los trabajos de reidentificación de casi un centenar de restos humanos exhumados en 1991 en el Cementerio General y entregados a familias equivocadas.
Respecto a la disputa verbal entre el ex ministro Gómez y la abogada Pereira, el vocero señaló que «estamos en una democracia que nos costó mucho recuperar y creo que todos están en su derecho a expresar sus opiniones».
Gómez rechazó también categóricamente la existencia de una auditoria durante el gobierno de Lagos y acusó a Pereira de «tener un alma negra y adolorida» por acusarlo de ocultar la verdad sobre lo sucedido con los desaparecidos políticos.
Según los antecedentes del caso, desde 1994 existían elementos probatorios de errores del SML en la identificación de restos de desaparecidos, y las autoridades de la época los mantuvieron ocultos hasta la pasada semana en que se destapó el escándalo.
Mientras tanto, la Conferencia Episcopal de Chile emitió hoy una declaración en la que alude al error en la identificación de 48 cuerpos del denominado Patio 29 del SML, en el marco de la Asamblea Plenaria de los Obispos, realizada en Punta de Tralca.
«Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de personas desaparecidas que, todavía hoy, no logran el consuelo de encontrar a los suyos, o tener la certeza de haberles dado una sepultura digna», afirman los obispos.
El pleno de la Corte Suprema también analizó la polémica surgida a raíz de los errores del SML y el presunto ocultamiento de información de las autoridades gubernamentales y ratificó al juez Carlos Gajardo para dirigir las pesquisas.
El presidente del máximo tribunal, Enrique Tapia, expresó que el tema es preocupante y que la causa seguirá en manos del magistrado, porque «él es el hombre indicado».
Santiago de Chile, 29 de abril 2006
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