El mes de septiembre del 2015 ha estado cargado de noticias relacionadas con los derechos humanos en Chile. A 42 años del golpe civico-militar que destituyó al presidente electo democráticamente en 1973, Salvador Allende, por medio del magnicidio y una feroz represión contra el pueblo, aun no se cierran las heridas provocadas. Muchos de los actores directos de la represión han ido muriendo, al igual que las víctimas de los torturadores que sobrevivieron. Y se siguen destapando y procesando crímenes de lesa humanidad.
Mientras tanto el gobierno de la Nueva Mayoría actuó y sigue actuando vergonzosamente frente a una huelga de hambre de ex-prisioneros políticos que demandaron una mejoría de sus pensiones, reparación e indemnización. El gobierno de la Presidente Bachelet respondió con una Mesa de Alto Nivel que no llegó a acuerdo, excepto por un bono único de un millón de pesos que se encuentra entrabado con poca urgencia en el Senado.
La Corte Suprema, en un fallo histórico (ver nuestra sección Documentos) del que poco hablan los medios de des-información, afirmó un fallo de dos instancias en el caso presentado por 31 ex-presos magallánicos, junto a su abogado Víctor Rosas, otorgando indemnización de $150 millones de pesos a cada uno de los demandantes. Afirmó también la Suprema que los crímenes de tortura no prescriben y que de acuerdo a los tratados internacionales firmados por Chile, el Estado debe indemnizar a las víctimas de dichas violaciones. Valga aclarar que estos 31 demandantes, ex prisioneros de la Isla Dawson, no fueron los funcionarios del gobierno de la Unidad Popular encarcelados allí, sino trabajadores y profesionales de la región. Este fallo sienta un precedente muy importante.
Desde la bancada demócrata cristiana de la Cámara surgió un proyecto de ley que busca persuadir al Estado para actuar decentemente en el área de los derechos humanos, con medidas de reparación y justicia. Este proyecto (ver nuestra sección Documentos) igualmente rescata legislación internacional con la cual el Estado chileno debería de cumplir. Lo vergonzoso de este proyecto es que no son los partidos de la Nueva Mayoría, muchos de ellos como el Partido Socialista, Comunista, PPDs, Radical, etc. cuyos militantes fueron directamente reprimidos durante el periodo 1973-1989, los que presentaron esta propuesta de legislación. Parece que los nuevos legisladores de dichas organizaciones se olvidaron de esa generación de luchadores reprimidos y asesinados, y los mas viejos, prefieren callar y usufructar de los millonarios sueldos que les ofrenda el Estado. Curiosamente, la misma Democracia Cristiana, podía haber usado esta oportunidad para revelar el rol que jugó dicho partido en el golpe militar que dió lugar a estos crímenes de lesa humanidad que ahora necesitan ser reparados.
Finalmente, la Unión Nacional de Ex-Prisioneros Políticos, que ya ha presentado una serie de demandas contra el Estado, muchas de ellas rechazadas y llevadas ante la Corte Interamericana de Justicia, se prepara ahora con el precedente establecido por la Suprema para abrir nuevas querellas contra el Estado y comienza un refichaje de ex-presos políticos y víctimas de la dictadura para tal efecto (ver www.unexpp.cl). A todo esto, el Programa de Derechos Humanos de la Presidente Bachelet ha pasado a ser promesa vana.
Editorial escrita por Sergio Reyes, Editor Interino, debido a problemas de salud del Editor General Guillermo Fonck. Le deseamos pronta recuperación.
Santiago de Chile, 2 de octubre 2015
Crónica Digital / http://www.chilederechoshumanos.org/
