La abdicación hoy del rey Juan Carlos abrió un proceso que continuará mañana con la aprobación de una ley orgánica para avalar su sucesión por el Príncipe de Asturias, quien reinará como Felipe VI de España.
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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, adelantó que el Consejo de Ministros dará luz verde este martes a la legislación que legalice la abdicación, como recoge la Constitución para un caso de este tipo.
Esa ley orgánica deberá ser posteriormente refrendada por las Cortes (El Senado y el Congreso de Diputados), con mayoría absoluta.
Según el propio Rajoy, el Gobierno pretende concluir el proceso “cuanto antes”, presumiblemente en este mismo mes, sin que quede claro cual será la posición de Juan Carlos una vez concluida la sucesión.
La Constitución sólo contempla este relevo en caso de incapacitación del rey en sus funciones.
Mientras se inició el proceso de relevo, también surgieron críticas al sistema monárquico y llamados a un referendo para que la población pueda decidir entre la Corona o la República.
Esta posición crítica contrasta con los elogios a la figura del monarca por parte de las dos principales fuerzas del país: los partidos Popular (PP) y Socialista Obrero Español (PSOE), cuya alternancia en el poder se define como bipartidismo en España.
Además de fuerzas políticas como Izquierda Unida (IU) y Podemos, la tercera y cuarta fuerzas más votadas en las elecciones europeas del pasado día 25, la demanda de referendo obtuvo el apoyo de movimientos ciudadanos y los sindicatos.
Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores (UGT), las dos principales centrales sindicales de España, abogaron por someter a la población una propuesta de reforma constitucional.
Es necesario un nuevo consenso social y político para la reforma profunda de la Constitución y del modelo de Estado que debe ser sometida a la opinión de los ciudadanos, expresó Comisiones Obreras en un Comunicado.
La UGT, por su parte, consideró la abdicación como una oportunidad para abordar una reforma constitucional en materia de reparto territorial y de participación directa de los ciudadanos.
Esta posición es apoyada por varias formaciones regionales de Cataluña y País Vasco, entre otras.
Madrid, 2 de junio 2014
Crónica Digital / PL
