Son muchos los temas que se pueden abordar echando una mirada a los sucesos ocurridos entre 1970 y 1973 que culminaron con el golpe de Estado del 11 de septiembre. Nadie podrá negar que las miradas se enmarcan en un contexto ideológico y de allí que existan divergencias, aunque haya que insistir en que la veracidad histórica y la documentación objetiva no se puede desechar de cualquier reflexión.
Lo ocurrido ese día martes hace 40 años y todo lo que trajo para el país, no se puede abordar o querer finiquitar con actos mediáticos o declaraciones de buena crianza.
La posibilidad de reencuentro o de reconciliación se debe fundar, necesariamente y como lo establecen preceptos judiciales internacionales y de Naciones Unidas, en acciones de las instituciones del Estado (Poder Judicial, Ejecutivo y Fuerzas Armadas) y en acciones de distintos actores políticos, sociales e intelectuales. El reconocimiento de los hechos punibles por los responsables y el arrepentimiento deben preceder al perdón y el reencuentro.
En ese camino aparecen odiosas las tesis “del empate” o de que “todos fuimos responsables del Golpe”. Podemos asumir las responsabilidades de logros y errores en el periodo del gobierno de la Unidad Popular, pero la responsabilidad del Golpe de Estado no es atribuible a todos. Y mucho menos querer establecer “empates” de responsabilidades ante las ejecuciones, desapariciones, torturas, detenciones ilegales y exilio de cientos de miles de chilenas y chilenos.
Frente a las circunstancias que se vivían en 1973, el Presidente Salvador Allende, sus ministros, algunos personeros democratacristianos, fuerzas democráticas, la Iglesia, actores sociales y del mundo intelectual, y un segmento de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y policiales, hicieron las gestiones y plantearon las opciones para una salida democrática, pacífica y constitucional a los difíciles momentos que se vivían.
De hecho, el Presidente Allende ya había tomado la decisión de convocar a un plebiscito para que la ciudadanía decidiera sobre los
pasos a seguir e incluso si él debía continuar o no en la Presidencia de la República.
Pero la derecha, oficiales golpistas, sectores del empresariado, entre ellos los representantes de la prensa mercurial, y el gobierno de
Estados Unidos en manos de Richard Nixon y Henry Kissinger, optaron por otro camino y no dieron espacio ni aprobación a las salidas
institucionales y pacíficas y decretaron que había que derrocar al gobierno constitucional y provocar una asonada militar, lo que fue
facilitado por la postura del sector más opositor de la DC.
Se impuso una alternativa anticonstitucional desarrollada por la vía violenta. Es difícil que estos actores puedan negar hechos que están documentados por el Senado estadounidense y otras instituciones nacionales y extranjeras.
Esos son los hechos globales. Por lo demás, en aquellas circunstancias, como en otras a lo largo de 100 años, jamás el Partido Comunista optó por romper la institucionalidad, pasar por encima de la Constitución o buscar una salida de ruptura.
Por esa postura, el PC fue criticado por sectores de izquierda. Cosa distinta fue el supremo esfuerzo que se hizo por terminar con la
dictadura de Augusto Pinochet, que persiguió de manera genocida a partidos políticos, organizaciones sociales y a gran parte de las
chilenas y los chilenos. Y se hizo apelando al derecho a rebelión contra una tiranía, aceptado por las Naciones Unidas y la comunidad
internacional regida por conceptos democráticos y humanistas.
A 40 años del Golpe, irrumpe con toda su crudeza en la sociedad chilena lo que fueron las violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad por parte de instituciones y agentes del Estado realizando operaciones para exterminar ciudadanos opositores a ese régimen de facto.
Se conoce de un niño entregado a monjas después de que sus padres fueron asesinados por militares, la existencia de al menos nueve
mujeres embarazadas que fueron asesinadas o desaparecidas sin conocerse el destino de esos niños y la fabricación y uso de armas
químicas.
Frente a eso, hay que insistir que por el bien ético de la sociedad, por el cumplimiento de los deberes de las instituciones del Estado y por garantizar un futuro de estabilidad donde haya bases firmes para el “Nunca Más”, es necesario que exista toda la verdad, se aplique la justicia y haya reparación para las víctimas y sus familiares.
El país no puede ni debe renunciar al derecho de saber, el cual contiene el derecho a la verdad, ni al derecho a la justicia y el derecho a la reparación, como el remedio más eficaz a los nefastos efectos de la impunidad.
Cualquier intento de reconciliación debe sustentarse en conocer la verdad completa, en encaminar los procesos judiciales necesarios y garantizar la reparación a las víctimas y sus familiares. No con actividades mediáticas o frases comunicacionales.
Si hay algo que puede contribuir a un mejor futuro moral, institucional y de convivencia en la sociedad chilena, es que se aborde con seriedad y eficacia el tema de violaciones a los derechos humanos y se realice una investigación seria, se entregue la información por parte de los responsables civiles y militares, con total disposición a buscar el reencuentro, mediante todo el conocimiento de la verdad y de la concreción de la justicia.
Por Guillermo Teillier, diputado comunista.
Santiago de Chile, 4 de septiembre 2013
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