Un recurso de protección contra el Estado de Chile por el derecho a elegir una alternativa de modelo al sistema previsional fue encabezado por los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores Interempresa Nacional de la Construcción Industrial y Actividades Anexas, SINACIN; además de las Confederaciones de Trabajadores del Cobre, CTC; y de Trabajadores de Construcción, CTCO.
La acción judicial es en rechazo al modelo impuesto en dictadura que a través del Decreto Ley 3.500, obliga a las y los trabajadores a imponer su ahorro previsional en un único modelo de sistema de tipo privado y de capitalización individual. Desde la creación de las Administradoras de Pensiones, AFP, los chilenos solo pueden cotizar para su futuro previsional en el sistema de capitalización privado, coartándose el derecho a elegir.
En dependencias de Tribunales de Justicia así lo señaló Miguel Barrera, Presidente de SINACIN manifestando que “cuando hubo el cambio, cuando se impuso el decreto 3500, lo que pasó fue que o te cambiabas al nuevo sistema o lisa y llanamente no te contrataban. Hoy día nosotros queremos resarcir eso, creemos que tenemos el legítimo derecho de reclamarle al Estado de Chile esta libertad de afiliación al sistema que yo quiera, sea estatal o privado, pero que el trabajador tenga la libertad de elegir”.
Del mismo modo, Manuel Ahumada, de la CTC expresó que “primero dar cuenta de lo arbitrario que es el sistema de AFP porque no le podemos llamar sistema previsional apuntando a que Chile debe otorgar un sistema previsional como corresponde de acuerdo a lo que las propias organizaciones sindicales planteamos, un sistema previsional justo debiera ser solidario, tripartito y de reparto”.
El recurso de protección fue tramitado por el abogado Eric Stenberg, asesor de SINACIN, y cuenta con casi un centenar de firmas de trabajadores que lideran el recurso de protección por el derecho de los trabajadores a la libre elección de nuevo sistema provisional justo, libre y solidario que garantice pensiones dignas, agregando que el Estado de Chile debe ser garante de este derecho.
