Por su importancia Crónica Digital reproduce la propuesta de distintos académicos, cientistas políticos y expertos en seguridad pública que fuera realizada el 30 de julio de 2024.
INTRODUCCIÓN
Chile enfrenta una de las mayores crisis sociales en lo que va del siglo XXI. Los problemas derivados de la falta de seguridad son la principal preocupación de la ciudadanía. En los últimos meses se agudizó esta problemática social que viene asolando nuestro país desde hace décadas. Sin embargo, la ola de criminalidad que nos azota precisa medidas de contención ahora, no mañana.
El presente documento tiene por finalidad proporcionar una mirada integral respecto de la seguridad. Junto con ello, promover un acuerdo político y social urgente para avanzar en las soluciones que garanticen el Estado de Derecho.
PROPÓSITO
El Acuerdo Nacional por la Seguridad y los Derechos Humanos es una medida urgente y necesaria para combatir, desde las instituciones, sociedad civil y el sistema político en su conjunto, el crimen organizado, el narcotráfico y todos aquellos flagelos que atentan gravemente contra el desarrollo cívico en nuestro país. Ningún derecho puede ser ejercido plenamente ante la amenaza permanente a la integridad física, psicológica y emocional.
Este Acuerdo Nacional se basa en tres ejes:
i. Reingeniería institucional para combatir delitos.
ii. Reingeniería social para prevenir delitos.
iii. Asignación presupuestaria especial para garantizar seguridad.
i. Reingeniería institucional para combatir delitos.
Para llevar a efecto una efectiva y real persecución penal de las bandas y delitos, es preciso reformar el Ministerio Público en los siguientes aspectos:
a. Especialización y actualización de los y las fiscales, quienes son encargados de llevar a cabo la investigación y persecución penal. Para lo anterior es urgente cursos de capacitación y actualización de contenidos y formas de articulación de bandas y comisión de delitos del nuevo tipo.
b. Triplicar el presupuesto del Ministerio Público con el fin de crear un cuerpo especializado de fiscales en materia de persecución e investigación de bandas delictuales y crimen organizado.
c. Reforma al sistema de persecutores en su formación, ascenso y nombramiento de las altas autoridades, fiscales regionales y nacionales. Lo anterior es perentorio para efectos de aumentar la autonomía política en sus nombramientos, la carrera funcionaria y la responsabilidad por negligentes investigaciones que afectan las bases de la democracia y sociedad.
d. Incrementar el apoyo bilateral y multilateral con todos los países de la región, mejorando las relaciones internacionales con aquellas instituciones encargadas de la investigación y persecución penal del crimen organizado. Para lo anterior se debe profundizar el intercambio de conocimientos, información y colaboración.
e. Desmantelar la ruta del dinero para eliminar de raíz el narcotráfico y sus redes de protección institucional. Por lo tanto, ha llegado la hora de investigar el lavado de activos y secreto bancario.
f. Utilizar los avances tecnológicos para prevenir situaciones de violencia en los puntos donde se produce una mayor concentración del delito (hot spots). Actualmente esto se realiza de manera mecánica y distante de los territorios, por lo que no se dan respuestas eficientes. Para ello es fundamental definir cuáles van a ser los cuadrantes prioritarios de cada comuna y en dichos cuadrantes, cómo se va a ejecutar un adecuado plan de interconexión mediante cámaras, tecnologías de reconocimiento facial y sensores de movimiento, de forma que se pueda establecer un patrón de vigilancia sobre aquellos individuos que frecuentemente cometen delitos en nuestro país.
ii. Reingeniería social para prevenir delitos.
La soberanía nacional está en serio peligro. Por ello, este Acuerdo Nacional precisa el compromiso de las instituciones públicas, el sector privado y, por cierto, de las organizaciones de la sociedad civil. Si no abordamos los factores causantes del problema, jamás resolveremos decididamente la crisis humanitaria que estamos viviendo.
En consecuencia, debemos tener en perspectiva permanente que las problemáticas respecto a la inseguridad actúan en dos planos principales.
a. Agudización de delitos de mayor connotación social, en particular el aumento de homicidios, delitos violentos y delitos con armas, que además están vinculados con situaciones de vulnerabilidad que vive la población día a día. No obstante, estos delitos están actualmente enmarcados en disputas entre bandas delincuenciales.
b. Aumento en la percepción de inseguridad de las personas, lo cual debe tratarse de forma más compleja, ya que requiere sentar las bases para generar procesos de seguridad en un contexto altamente fluctuante y con poca estabilidad respecto a las definiciones programáticas del gobierno. Este último aspecto debería corregirse, dejando de priorizar la acción en el Congreso y orientando los esfuerzos en las definiciones que se deben realizar en el presupuesto de la Nación.
En relación a los aspectos que se deben considerar para resolver las problemáticas delictuales, estos están relacionados con la incapacidad del mercado de generar empleos estables y de buena calidad. Por tanto, la solución que ha encontrado una porción de la población es incurrir en algún tipo de delito para sostenerse en su vida cotidiana.
Medidas a corto plazo para revertir el abandono social.
a. Programa de Fomento al Empleo que integre herramientas de capacitación con un subsidio que permita a las Pymes contratar trabajadores y al mismo tiempo aumentar sus conocimientos. Cabe destacar que las Pymes son la estructura económica que permite actuar de mejor forma en el incremento del empleo comunal.
b. Plan Nacional de Apoyo a las Familias de Adolescentes. Esto acogiendo el reclamo de UNICEF, dado su diagnóstico fatídico del estado en que se encuentran los y las adolescentes -junto a sus familias- en nuestro país. Por cierto, los sectores de mayor vulnerabilidad social tienen un sentido de
urgencia, puesto que donde no hay presencia del Estado es tierra fértil para el crimen organizado y el narcotráfico.
iii. Asignación presupuestaria especial para garantizar seguridad.
Dada la crisis social derivada de la ola de crímenes que están ocurriendo en nuestro país, existe amplio consenso respecto de la seguridad como tema prioritario y urgente de Estado. Por lo tanto, cualquier medida responsable con el país implica inversión consistente.
Todo peso en seguridad es un peso para la vida y el bienestar de las familias y los trabajadores chilenos. En función de esto se requiere invertir recursos atendiendo a la realidad nacional. Si bien es cierto el actual presupuesto en seguridad es acorde a lo que gastan los países miembros de la OCDE, no podemos comparar las carencias y necesidades que se viven en Chile con las que se viven en las primeras economías del mundo. Precisamos aumentar el presupuesto de la Nación en seguridad atendiendo a la realidad que viven los chilenos y las chilenas.
En esta dimensión se debe asignar y ejecutar parte del presupuesto nacional con máxima celeridad. Ya no queda tiempo para el cálculo político ni la burocracia parlamentaria, la ciudadanía exige acciones concretas e inmediatas ahora.
FIRMAN
- MARCELA VERA – ECONOMISTA, ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE.
- JUAN ANDRÉS LAGOS – PERIODISTA, EXPERTO EN MATERIAS DE SEGURIDAD.
- FERNANDO MONSALVE – ABOGADO PENALISTA.
- JOHANNA MONTIVERO – ABOGADA, DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS.
- JEAN FLORES QUINTANA – CIENTISTA POLÍTICO, EXPERTO EN MATERIAS DE DERECHOS HUMANOS.
- RAMONA REYES – EX CONVENCIONAL CONSTITUYENTE Y EX ALCALDESA DE PAILLACO.
- PEDRO VILLARROEL – ACADÉMICO, EX FUNCIONARIO DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE.
Santiago de Chile, 8 de diciembre 2024
Crónica Digital
