En el contexto actual, donde las ciudades enfrentan retos multidimensionales, es imperativo reflexionar sobre cómo las Naciones Unidas han definido conceptualmente el derecho a la ciudad. Este derecho no es solo un concepto abstracto; es un derecho colectivo y concreto que empodera a la totalidad de los habitantes, especialmente los grupos más vulnerables, impulsándolos a organizarse y actuar en función de sus necesidades y aspiraciones. La legitimidad de esta acción se basa en sus usos y costumbres, promoviendo la autodeterminación y un nivel de vida digno.
Las ciudades sostenibles emergen como el marco ideal para alcanzar estos objetivos. No se trata únicamente del uso de la infraestructura o la tecnología. Se trata de garantizar un conjunto de derechos fundamentales como el acceso a una vivienda digna, agua potable, sanidad, seguridad, educación y salud. En este sentido, la sostenibilidad debe entenderse como un compromiso con el desarrollo humano que respete y preserve el entorno natural.
Las ciudades deben ser espacios donde la vida cotidiana y el bienestar de sus habitantes se prioricen, en articulación con movilidad sostenible, infraestructura resiliente y protección del medio ambiente.
Asimismo, una ciudad sostenible es un espacio de pertenencia cultural que fomenta la cohesión social. Debe ser también un territorio donde la igualdad de género no sea solo una aspiración, sino una realidad palpable, asegurando que las mujeres tengan voz en la toma de decisiones en todos los niveles. La inclusión social y la participación efectiva son claves para construir lazos intra e intergeneracionales, donde cada grupo social pueda contribuir y beneficiarse del desarrollo urbano.
La resiliencia es un pilar fundamental para la construcción de ciudades sostenibles. Ante el cambio climático, es vital que las ciudades identifiquen y reduzcan las vulnerabilidades de sus poblaciones, aumentando su capacidad adaptativa. Esto implica gestionar en forma pertinente los riesgos de desastre y fomentar prácticas de consumo y producción que sean sostenibles y acordes con las características locales. Así, las ciudades pueden mitigar su impacto ambiental y avanzar hacia un futuro más equitativo y sostenible.
En este marco, propuestas como la ciudad de 15 minutos cobran relevancia. Esta idea sugiere repensar cómo construimos nuestras áreas urbanas para que todos los servicios esenciales estén al alcance de un paseo corto. Este enfoque no solo mejora la calidad de vida, sino que también promueve un uso más responsable de los recursos y un entorno más saludable.
En conclusión, el derecho a la ciudad es un imperativo que exige una acción colectiva y un compromiso con la sostenibilidad, la inclusión y la resiliencia. Las ciudades del futuro deben ser espacios donde todos sus habitantes puedan prosperar, donde la diversidad se celebre y cada persona tenga la oportunidad de contribuir a su comunidad. Solo así podremos construir un mundo urbano verdaderamente justo y sostenible. Solamente así se abrirán las grandes alamedas para caminar hacia un futuro verde y seguro.
Por Braulio Meza. El autor es candidato regionalista y verde a Consejero Regional Metropolitano.
Santiago, 21 de octubre de 2024.
Crónica Digital.
