El gobierno chileno continuará las negociaciones esta semana para impulsar en el Congreso la reforma de pensiones, considerada hoy una urgencia en un país donde muchos retiros están por debajo de la línea de pobreza.
La iniciativa enfrenta los obstáculos de la oposición de derecha en el Parlamento y, aunque se avanzó en 14 de sus puntos en el debate en una comisión técnica, aún hay asuntos clave bloqueados.
“Llevamos 19 meses con el proyecto en el Congreso y 10 años discutiendo una reforma”, dijo la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, quien consideró inconcebible que esto se prolongue indefinidamente.
Mientras, la vocera del Gobierno, Camila Vallejo, pidió a la oposición no poner más excusas para impedir el avance de un asunto vital para los pensionados.
El proyecto busca crear un sistema mixto que permita eliminar el monopolio de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las cuales lucran con los ahorros de los trabajadores y entregan retiros de miseria.
Según datos oficiales, en este país 72 por ciento de las jubilaciones son inferiores al salario mínimo y la cuarta parte están por debajo de la pobreza.
En enero pasado se dio un paso importante cuando la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar sobre la propuesta, pero lleva meses entrampada en el Senado.
El punto más controvertido es el referido a la distribución del seis por ciento adicional que deben aportar los patronos al fondo de jubilaciones.
Para el diputado Luis Cuello, presidente de la Comisión de Trabajo, la reforma es urgente y seguir negando un aumento de las pensiones a los chilenos, es una actitud indolente.
El actual sistema privado de las AFP en Chile entró en vigor en la década de 1980, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, y desde entonces se ha mantenido sin modificaciones sustanciales.
