La serie de eventos delictivos difundidos por los medios de comunicación en el último tiempo,
dan cuenta del retorno de una preocupación histórica en nuestro país: la inseguridad pública.
Si se compara la encuesta de opinión pública impulsada por el Centro de Estudios Públicos del año 2010- más de una década atrás- es posible observar que la delincuencia se ubicaba en el primer lugar de preocupaciones de la ciudadanía seguido de los temas de salud y luego educación. Los resultados de la misma encuesta para agosto del año 2021, señalan que la principal preocupación en Chile sigue siendo la delincuencia.
Hechos de distinta naturaleza, pero concentrados en ilícitos contra la propiedad, como portonazos, asaltos en la vía pública, robos a casa, robos de celulares, han sido los eventos de mayor frecuencia históricamente y los que han copado las portadas de los medios. Sin embargo, el último tiempo, y me atrevería a decir los últimos años, otros eventos también comienzan a ser noticia: secuestros, homicidios rodeados de altos niveles de violencia, delitos asociados al narcotráfico, delitos asociados a bandas extranjeras, ciberdelitos, por mencionar algunos. Hace unas semanas atrás fuimos testigos de un hecho sin precedentes en Chile, un hombre en Iquique era secuestrado y asesinado. Pero no era un hombre vinculado a bandas rivales de narcotraficantes donde este tipo de figuras sí se han hecho presentes en el país, sino de un empresario histórico de la región. Días atrás leíamos sobre el secuestro de un niño en la comuna de providencia para cuyo rescate se solicitó el pago de la suma de 100 mil pesos.
Así las cosas, la preocupación hoy debe radicar en el hecho que el diagnóstico histórico que teníamos sobre la delincuencia en nuestro país, parece haber cambiado y se necesita con urgencia entender sobre estos nuevos fenómenos, qué los causa y quiénes están involucrados.
El año 2013 expertos en seguridad coincidían en que la mayor parte de los delitos que se cometían en el país tenían relación con los delitos contra la propiedad, tanto así, que el 80% de los delitos de mayor connotación social eran contra la propiedad, en su gran mayoría sin violencia y en el espacio público.
“Comparado con la medición de 2020, en 2021 el porcentaje de victimización aumentó de manera significativa”, menciona Fundación Paz Ciudadana al momento de dar a conocer los resultados de la encuesta de victimización, la que pasaba de un 27,4% de los hogares víctimas de delitos en el año 2020, a tener un total de 31,6% de hogares en dicha situación el año 2021. La misma institución establece que “comparado con la medición del año previo, en el 2021 hay variación estadística en la distribución del tipo de delito: Aumenta la proporción de delitos violentos, pasando de 24% a 28%”. Confirmamos de esta manera, que hoy las características del contexto delictivo han cambiado.
También debe considerarse en los análisis, el hecho que la llegada de población migrante de manera masiva a ciertas regiones de la zona norte, así como la propia pandemia, han tensionado la convivencia en los barrios, y muchos de los hechos de mayor gravedad a nivel delictual encuentran su origen justamente en incivilidades y dificultades de convivencia. El problema en el registro de estos hechos radica en que muchos de dichos eventos no presentan una víctima identificable: ruidos molestos, balaceras en las calles, presencia de microbasurales, etc. Estos hechos no quedan registrados en las encuestas, por lo que, en la realización de un diagnóstico nacional de seguridad, es necesario contemplar diversas fuentes de información, así como levantar información desde primera fuente.
Asimismo, urge incorporar mayor inteligencia en el análisis relacionado a la seguridad pública entre las distintas instituciones públicas y privadas. Hace algunos años atrás, se realizaron importantes esfuerzos presupuestarios para reforzar justamente a las instituciones vinculadas al trabajo de seguridad con el fin de entregarles mejores herramientas de trabajo y análisis de la información. Hoy la pregunta debiera estar enfocada en entender y esclarecer cómo dichos esfuerzos se han traducido en un trabajo más efectivo y eficiente.
Finalmente, y a la luz del trabajo de la convención constituyente, es urgente revisar y considerar la modernización y la instalación de mayores niveles de responsabilidad por parte de las instituciones encargadas de la persecución del delito. Especial mención cabe realizar al Ministerio Público, institución que en los últimos años parece no tener una política criminal clara, y cuyos resultados en términos de efectividad en la persecución y en el logro de obtención de condenas deja bastante que desear: la mayor parte de los hechos solo consideran elocuentes anuncios mediáticos por parte de la institución, sin que luego ello se traduzca en la obtención de resultados de calidad a partir de las pruebas que puedan reunir.
Por Pedro Araya Guerrero, senador por Antofagasta
Santiago de Chile, 1 de febrero de 2022
Crónica Digital
