En medio de la orgía de crímenes y violencia que se desencadenó luego del golpe de Estado de septiembre de 1973, los jóvenes ecuatorianos Felipe Campos Carrillo y Jimmy Torres Villalba encontraron la muerte en tierra chilena. Eran evangélicos bautistas. Sin militancia política. El primero estudiaba Ingeniería y el segundo Kinesiología. Ambos en la Universidad de Concepción. Tenían 19 y 23 años, respectivamente.
Chilevisión y CNN Chile entregaron nuevas informaciones sobre sus asesinatos, luego que revelaran confesiones de José Florentino Fuentes Castro, sargento de Carabineros en retiro, condenado por el Caso Degollados, en una conversación con otro ex oficial.
Fuentes Castro participó en la detención de los dos estudiantes. Señaló: “Donde estaban los mástiles, a esos hueones los tuvimos toda la noche colgados ahí. Y los hueones no quisieron hablar. Y estaba el pelado que era un mayor. Ese hueón ordenó matar a esos hueones. ¿Y sabe dónde los llevamos, los llevamos? A la desembocadura”. En el diálogo se precisa que hablan de Alejandro Cárcamo: “En la Escuela le decíamos al Cárcamo el camión carnicero”.
Los jóvenes fueron llevados en una caravana a la desembocadura, donde se les dio muerte. “Si nosotros estábamos en el Sicar (Servicio de Inteligencia de Carabineros), si nosotros los llevamos para allá. Con el Manuel Alfaro Contreras”. En la investigación judicial hasta ahora el único condenado fue el jefe del Sicar, coronel Sergio Arévalos Cid, pero con esta prueba se identifican a otros involucrados y se confirma la orden de ejecutar a los detenidos.
En el audio se escuchan risas en medio del relato sobre cómo se encontraron los cuerpos de los estudiantes acribillados. Fuentes comentó: “Los pillaron unos pescadores al otro día y estaban amarrados así, en vez de esposados, estaban amarrados con unas mangas de camisa de Carabineros y los hueones en las carteras tenían un recibo de comprobante de dinero”. Y agregó: “Yo sé los que andaban. Fueron casi todos los suches. Los que le digo yo. El Arriagada, Prieto. Nosotros nunca quisimos hablar. Nunca”.
En 1997, conocí el caso de los dos estudiantes mientras colaboraba con una iniciativa de los organismos de derechos humanos en Chile y Ecuador para interponer en la Corte Suprema de ese país una demanda penal en contra de Augusto Pinochet, que viajaba a este país para participar en una reunión de jefes de los Ejércitos de América. El ex dictador aún ejercía como Comandante en Jefe.
La acción fue presentada por un grupo de 21 personalidades de Ecuador, tales como el ex Vicepresidente de la República, León Roldós Aguilera, y el pintor Oswaldo Guayasamín. La demanda, basada en cuatro casos, incluía las ejecuciones de Torres y Campos. El propósito era lograr el arresto de Pinochet. En esa oportunidad logró escapar.
En Quito, el general dijo a la prensa que los jóvenes “posiblemente estaban en algo, no sé (…) Lamentablemente, en estos casos caen justos por pecadores”…
Concluyó: “¿Qué explicación quiere que le dé? ¿Qué le pida perdón, como dicen algunos?”.
EL ENCUBRIMIENTO DEL DOBLE CRIMEN
El contexto fue la persecución desencadenada contra los extranjeros que se encontraban en Chile, bajo la imputación de que habría existido un “ejército guerrillero marxista” que era integrado por miles de personas procedentes de diferentes partes de América Latina.
Por ejemplo, un editorial de “El Mercurio” sostenía el 28 de septiembre de 1973: “A lo largo de los últimos tres años, los elementos extremistas y terroristas del continente encontraron en este país refugio, protección y ayuda para sus actividades”, las cuales abarcaban “la militancia en partidos marxistas nacionales y la consiguiente intromisión en la política interna” y “la organización y apoyo de organizaciones clandestinas en sus países de origen”. Sostenía: “Cerca de 13 mil extremistas latinoamericanos permanecían en Chile durante los últimos meses”.
Durante la madrugada del viernes 21 de septiembre, según la edición de “La Tercera” del día siguiente, se encontraron “dos extremistas acribillados a bala” en la zona penquista. Eran extranjeros.
La nota señalaba que “el misterioso hallazgo de dos cadáveres acribillados a bala tiene en ascuas a la policía local (sic). El descubrimiento fue hecho por efectivos de Carabineros (…) cuando efectuaban una ronda en las inmediaciones de la desembocadura del río Bío Bío (sic). Los sujetos, hasta ahora desconocidos, son jóvenes”. Sus cuerpos presentaban “varios impactos de bala en diferentes partes” de sus cuerpos. Pero, aclaró, “según la policía, de ninguna manera se trataría de orificios producidos por proyectiles militares”. Más aún, “un portavoz oficial de Carabineros no descartó que se trate de una vendetta de los extremistas de izquierda, por la forma en que se habría producido el asesinato”. Concluía: “La policía uniformada se encuentra trabajando arduamente” en el esclarecimiento de “este singular caso”.
Un detalle: la fecha y circunstancias entregadas por el diario sobre el hallazgo de los cuerpos eran inexactas: el pescador Gabriel Gaete encontró los cuerpos el 20 de septiembre.
Un poco después, el matutino se veía obligado a rectificar. “El caso (…) cambió radicalmente su cariz”, señaló el 28 de septiembre. Los jóvenes acribillados ya no eran “extremistas”, sino estudiantes de origen ecuatoriano que carecían de vinculación con política interna chilena: Felipe Porfirio Campos Carrillo y Jimmy Freddy Torres Villalva. El diario aclaró que “ninguno de estos estudiantes era militante del MIR o de algún otro grupo extremista (…) Está claro que no eran extremistas”.
Sin embargo, el diario insistió en la existencia de una conexión con extremistas, señalando que los jóvenes vivían con algunos de esos “elementos” en la Universidad y, por lo tanto, pudieron ejecutarlos “al saber que no eran adictos a sus ideas, y temiendo que hubieran oído más de lo conveniente”. Así, la nota fue titulada: “Policía busca a homicidas de dos estudiantes ecuatorianos. Habrían sido ejecutados por los extremistas”.
La razón de la “rectificación” quedaba en evidencia en la misma nota: “Los apoderados de ambos eran elementos perseguidos por los partidos de la UP”. Eran Mario Olavarría y Joel Salamanca, los cuales “refrendaron lo que ya antes había dicho el médico del Instituto Médico Legal, doctor Behm, quien los conocía”. Se referían al médico legista Francisco Behn Kun, académico de la Universidad de Concepción.
Olavarría y Salamanca contaron a “La Tercera” que ambos jóvenes “fueron el mismo 11 de septiembre a presentarse al consulado de su país, donde el representante les recomendó concurrir a Carabineros, consejo que fue oído por los estudiantes, lo que mereció la felicitación de la policía (…) Después, sólo los vieron tendidos en la fría losa de la Morgue”.
En efecto, un hecho clave para desmentir que se trataba de extremistas de izquierda fue la filiación política antisocialista de los apoderados de los jóvenes. El ingeniero Mario Olavarría Aranguren, por ejemplo, era entonces el director de la Escuela de Ingeniería y del Área de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción, e integraba las filas del Partido Nacional. Luego del golpe de Estado, fue designado Vicerrector Académico por el rector delegado (designado por la dictadura), capitán de navío (r) Guillermo González Bastidas. Su hijo Mario Olavarría Rodríguez es hoy Alcalde de Colina en representación de la UDI, cargo que ejerce en forma ininterrumpida desde el año 2000, luego de una próspera carrera política que se inició en la Fundación Jaime Guzmán.
El velorio de los jóvenes en Concepción se realizó el 27 de octubre de 1973, en medio de la obvia conmoción de sus compañeros de aulas. El diario penquista “Crónica” describió: “Dos urnas, una negra y otra café, con tres niñas y otros tantos jóvenes montando guardia de honor, contienen los restos de Felipe y Jimmy. Estudiantes que llegaron desde Ecuador en busca de un destino, que fue trágicamente tronchado por autores que permanecen en el anonimato”.
Luego de agregar que los autores de doble homicidio aún se mantenían en la impunidad, el tabloide se preguntó: “¿Se podrá esclarecer el caso? ¿Cuándo? Son preguntas que, por lo menos por ahora, se mantienen sin respuesta”.
Fueron velados en el Templo de la Primera Iglesia Bautista de Concepción, en la que Campos se congregaba, acompañado ocasionalmente por su amigo y compatriota Torres. El Pastor Luis Mussiett Canales, ya fallecido, recibió amenazas para que no efectuara los oficios en el templo, pero no desistió. Campos también participaba en el Grupo Bíblico Universitario, que emitió una declaración repudiando el crimen, según recordó Josué Fonseca, hoy Pastor de la Primera Iglesia Bautista de Concepción, que fue el último que vio con vida al joven y luego trabajó intensamente en la causa de la justicia y la reparación en el caso.
El 6 de octubre, el general director de Carabineros, César Mendoza Durán, visitó la zona, mostrándose “muy conforme con la situación de calma que vive”. Señaló: “Por lo que me ha informado la institución y por lo que yo pude apreciar, realmente estoy muy contento con la situación de tranquilidad que vive esta provincia”. No obstante, advirtió que “hay un peligro de revancha latente, ya que había en Chile más de 13.000 extranjeros extremistas y gran cantidad de armamentos” (“La Tercera”, 7 de octubre de 1973).
Casi inmediatamente después, el 9 de octubre, “La Tercera” informó que el caso había sido esclarecido, luego de la captura del “secretario regional del MIR, abogado Pedro Henríquez Barra”, quien se habría ocultado en una casona del sector denominado Manquimávida, en los márgenes del río Bío Bío, “para eludir la acción policial tendiente a ubicarlo, ya que su captura estaba encargada a todas las unidades del país”. La detención se logró a raíz de la delación de un vecino. Agregaba que el arresto permitió que fueran capturados otros cinco miristas, “que estaban implicados en los tenebrosos planes que se iban a desarrollar en todo el país el 17 de septiembre”. Se refería al “Plan Zeta”, burdo invento de la emergente dictadura para intentar justificar el derrocamiento del gobierno constitucional, que sostenía que la izquierda preparaba un autogolpe a través del asesinato de todos sus opositores.
“La Tercera” señalaba que ese grupo “extremista” tenía la misión de “dirigir las acciones tendientes a ultimar en el sector de la Villa San Pedro a numerosas personas”.
La nota “revelaba” que “los seis individuos confesaron su participación en el asesinato de los estudiantes ecuatorianos Freddy Torres y Felipe Campos (…) Incluso uno de ellos, José Pérez, reconoció haber percutado una ametralladora Súper Batán calibre 22, que quitó la vida de los jóvenes”. El crimen, precisaba, “se llevó a cabo en venganza por los muertos de izquierda”.
Por cierto, todo era mentira. La Comisión de Verdad y Reconciliación acreditó en 1990 que los estudiantes estuvieron recluidos en la Cuarta Comisaría de Carabineros de Concepción y que “fueron ejecutados por agentes del Estado”.
La investigación judicial logró acreditar que entre el 16 y el 19 de septiembre de 1973, Felipe Porfirio Campos Carrillo y Freddy Jimmy Torres Villalba fueron detenidos, “sin orden judicial ni administrativa competente”, por funcionarios de Carabineros que los condujeron hasta dependencias de la Cuarta Comisaría de Concepción. Desde allí fueron sacados la noche del 19 de septiembre por una gran caravana policial que partió desde la guardia por calle Salas, y trasladados hasta el sector de la desembocadura sur del río Bío Bío, para ser ejecutados con múltiples impactos de bala. Los cuerpos fueron encontrados en Boca Sur, partidos por la mitad y sin sangre, lo que mostraba que el homicidio había sido perpetrado en otro lugar.
¿Por qué los asesinaron? Se trataba de estudiantes universitarios, eran extranjeros e incluso parecían cubanos. Por eso fueron detenidos, torturados en la comisaría y luego en la desembocadura, donde los mantuvieron colgados toda la noche. Luego los acribillaron. Los asesinos estaban satisfechos: habían ganado una nueva batalla contra el “comunismo ateo”. Pensaban, asimismo, que las aguas ocultarían su crimen, pero sus cuerpos fueron encontrados.
El hermano de Jimmy, Kenny Torres, contó en el portal “Memoria Viva” que el joven llegó a Chile a fines de marzo de 1973, luego de obtener la “Beca Profesor Salvador Gálvez Rojas”, otorgada por la Universidad de Concepción al mejor estudiante de América Latina. Había logrado reconocimiento al mejor bachiller del Colegio Adolfo María Astudillo de Babahoyo. Al momento de partir hacia Chile, cursaba el primer año en la Facultad de Ingeniería en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. “Para Mario Olavarría, el apoderado de Jimmy, su pupilo, de modesto origen, era un muchacho introspectivo y muy estudioso (…) Sólo se dedicaba a estudiar, pues deseaba fervientemente terminar su carrera”, comentó.
Sobre su compatriota, Felipe Campos, también sin militancia, recordó que “fue bachiller del Colegio Eloy Alfaro de la ciudad de Guayaquil. Sus padres Felipe Campos Robles y Ruth Carrillo provenían de hogares modestos”. Añadió que “fue admitido por ‘mérito especial’ de su hermano José Campos, brillante estudiante de cuarto año de Medicina. Le dio esta oportunidad el doctor Behm”. Su apoderado fue el Superintendente de la empresa Armco S.A., Joel Salamanca. También tuvo destacada labor como estudiante.
Los jóvenes vivían en una residencia universitaria, pero –subrayó– “nunca intervinieron en actividad alguna que no fuera estrictamente estudiantil (…) ajenos por completo a los asuntos políticos que conmovían la República de Chile”.
Precisando detalles ya conocidos en 1973, señaló que Salamanca le dijo que los jóvenes fueron al Consulado de Ecuador para preguntar por su situación de extranjeros. “No estaba el cónsul y su esposa les recomendó presentarse a Carabineros. Así lo hicieron”. Luego, el ejecutivo leyó una noticia sobre el hallazgo de dos cuerpos flotando en el río Bío Bío, en la cual se describían sus ropas: “Salamanca se estremeció: igual vestimenta llevaba su pupilo y Jimmy”. En la morgue, el doctor Behm constató que los cadáveres “presentaban idénticas heridas: perforaciones de bala, traumatismo múltiple en diferentes partes del cuerpo, señales de torturas con colillas de cigarrillos. Además, presentaban huellas de tormentos con descargas eléctricas”.
Pero la crueldad no reconocía límites. El 6 de octubre, los restos de los jóvenes llegaron a Ecuador. Los familiares se enteraron entonces que sólo podrían recuperar sus cenizas. “Los ejecutores de mi hermano no sólo se saciaron con detenerlo, torturarlo y matarlo, sino que lo incineraron”, denunció. La tiranía, en efecto, no permitió repatriar sus cuerpos, por lo que debieron ser incinerados para su restitución.
“Cayeron bajo las alevosas balas de fusiles (…) ebrios de sangre de inocentes víctimas”, sentenció.
Por Víctor Osorio. El autor es periodista y director ejecutivo de la Fundación Progresa.
Santiago, 11 de septiembre 2020.
Crónica Digital.
