Ante los graves hechos de violencia ocurridos en la Región de la Araucanía, y que terminaron con el desolador panorama de tomas, daños severos, destrucción o incendio de edificios municipales, especialmente en las comunas de Ercilla, Traiguén, Victoria, Curacautín y Collipullli no puede dejar indiferentes ni a autoridades de gobierno, al parlamento o al poder judicial, ni a las organizaciones de la sociedad civil, ni a alcaldes, concejales o funcionarios municipales. El solo hecho de que se asalte por la fuerza edificios municipales, impidiendoles hacer el denodado trabajo que ha implicado nuestras ocupaciones en medio de la severa crisis sanitaria que estamos viviendo y se afecte la labor municipal, primer eslabón del ciudadano con el Estado, es vergonzoso y repudiable. Lo condenamos y rechazamos con todas nuestras fuerzas. Más injustas e indignas aún parecen estos actos violentos contra las municipalidades, en circunstancias que ellas han sido colaboradoras permanentes en la solución de los conflictos y no parte del problema.
No es solo sorprendente, grave e inédito que veamos a ciudadanos enfrentados entre ellos, tomando la justicia por sus manos, y tomándose prerrogativas propias de la autoridad en el cumplimiento del restablecimiento del orden público. Debemos manifestar que son las fuerzas de orden los únicos quienes deben velar por la seguridad y no grupos de ciudadanos. Permitir que a la violencia se le responda con violencia no será nunca una vía de solución. Por cierto lamentamos y nos oponemos a todo acto de racismo o discriminación frente a cualquiera de nuestros ciudadanos y compatriotas.
Entendemos que el respeto a la historia y cultura de los pueblos originarios es una constante y transversal condición de diálogo para resolver sus problemas y camino hacia la anhelada seguridad y paz de todos quienes habitan en esa convulsionada región del país. Pero sin duda ello no puede terminar en el enfrentamiento entre civiles. Transitar por ese camino sabemos cómo se empieza pero nadie puede asegurar cómo termina. Por ello, en primer lugar pedimos a todo los órganos de los diversos poderes del Estado que se aclaren a la mayor brevedad todos estos actos y se establezcan las sanciones a las que está llamada la justicia.
No nos cansaremos de insistir que son las autoridades las llamadas a resguardar el orden público y establecer las acciones que la ley les faculta, por lo tanto no podemos permitir espacios para que el enfrentamiento entre civiles organizados sea un camino para resolver conflictos, ni menos que se vulnere la normativa vigente y el estado de emergencia constitucional en el que estamos viviendo.
Finalmente, hacemos un llamado al gobierno, al parlamento y a todos los partidos políticos a consensuar la necesaria voluntad política para avanzar con decisión en abrir los espacios de diálogo para buscar los caminos y acuerdos -y por los cauces legales- que encuentren las urgentes soluciones que requiere la Región. Mientras ello no ocurra la ruta se hará cada vez más difícil y las consecuencias insospechadas.
Porque todos los chilenos debemos repudiar con firmeza la violencia -venga de donde venga- nos preocupa y reclamamos para la Araucanía la solución definitiva a demandas ancestrales de los pueblos originarios, y así también los canales y espacios que conduzcan al término de las amenazas y violencia que tanto anhelan y necesitan todos quienes habitan en este importante territorio del país.
Firman:
Fernando Paredes, alcalde de Natales, Presidente AChM
Carlos Cuadrado, alcalde de Huechuraba
Henry Campos, alcalde de Talcahuano
Rodrigo Sánchez, alcalde de La Ligua
Felipe Delpin, alcalde de La Granja
Raúl Torrealba, alcalde de Vitacura
Germán Codina, alcalde de Puente Alto
Sadi Melo, alcalde de El Bosque
Oscar Sumonte, alcalde de Concón
Ana Maria Silva, alcaldesa de Codegua
Jessica Mualim, alcaldesa de Maria Pinto
Mario Gierke, alcalde de Cabrero
Santiago de Chile, 7 de agosto 2020
Crónica Digital
