La fuerza de la protesta social de octubre pasado sumada a los serios efectos de la crisis económica y la pandemia han provocado diferencias y fragmentaciones en la derecha y en la llamada centro izquierda. El gobierno por su parte, se mantiene en una larga agonía y continúa impávido ante un país que lo rechaza y que busca desesperadamente una solución para sus problemas financieros.
Está claro que la ley que permite el retiro del diez por ciento de los fondos de pensiones, es un salvavidas para gran parte de la población que ha visto esfumados sus ingresos mensuales. Por lo mismo, ya más de seis millones de chilenos han presentado su solicitud para extraer dinero de sus propios ahorros, lo que habla del errático manejo del gobierno frente al desempleo, la pobreza y las deudas de la mayoría de la población. No se puede olvidar tampoco, que todo lo anterior constituye la expresión de la falla estructural del orden neoliberal que se mantiene inalterable en el país.
El gobierno, que se ha evidenciado como la representación directa de los intereses del gran capital, ha errado en todos sus movimientos desde el estallido del año pasado. Sin atender a las causas profundas y sin creatividad, su reacción ha sido la descalificación de las demandas, la retórica abundante pero vaga, el uso de la pandemia con fines políticos y el control policial. Una estrategia que con el paso de los meses, con el drama del covid-19 y el descalabro económico, ha demostrado su completo fracaso.
Piñera, que se ha desnudado como el multimillonario que es en defensa de los intereses propios y de sus socios, no solo ha sido incapaz de atender y resolver las demandas de la población sino que ha demostrado su ligereza política, hoy solo obsesionado con mantener a toda costa el marco institucional que ha permitido un modelo de alta rentabilidad y acumulación de capital a expensas de los y las trabajadoras. Basta solo con observar las insultantes ganancias que han logrado las empresas que administran las cotizaciones de los chilenos.
No obstante lo anterior, la ley del 10 por ciento de las AFP se levanta como un primer y gran golpe contra el nefasto sistema privado de pensiones, defendido de forma desesperada en estos días por las grandes corporaciones y sus representantes, con Sebastián Piñera a la cabeza, seguido por lo más granado del conservadurismo nacional.
Dicha ley, que contó con el apoyo casi total de la población, se ha logrado lo que no se pudo en largos meses de protestas. La fragmentación de Chile Vamos, las sanciones contra parlamentarios de la coalición de gobierno, así como la crisis económica y social es también un trance en los pilares políticos y sus instituciones. El país vive una crisis sistémica de un orden totalmente agotado; cuarenta años es sin duda suficiente, aunque se integren al gobierno los personeros más duros de la derecha.
La designación como ministro del Interior de un político ultra conservador, ex alcalde de la dictadura, y amigo de la Colonia Dignidad, es solo una muestra de la línea desesperada que pretende seguir Piñera y de su obcecación en mantener a toda costa las bases del orden neoliberal.
Lo ocurrido en La Araucanía con el pueblo mapuche es la impronta que el gobierno pretende impregnar a sus actos con vistas en el plebiscito de octubre y para aplacar el descontento mayoritario de la población. Piñera no logra entender que con represión nunca se ha logrado resolver los problemas sociales.
Por Osvaldo Zamorano
Periodista
Doctor en Ciencias Políticas
Santiago de Chile, 2 de agosto 2020
Crónica Digital
