Los agentes que serán enviados a esas urbes pertenecen al Buró Federal de Investigaciones, la Administración para el Control de Drogas y otras agencias, y se enfocarán en ayudar a los funcionarios locales y estatales en las investigaciones penales, según indicó el departamento.
Pese a esa afirmación, el anuncio despierta nuevas inquietudes en la nación norteña, donde funcionarios locales y estatales se muestran cada vez más escépticos acerca de permitir la participación de oficiales federales de aplicación de la ley en sus ciudades.
De hecho, varios alcaldes de grandes urbes denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de esos agentes durante protestas contra el racismo y la brutalidad policial en Portland, Oregón, y han rechazado la posibilidad de un despliegue similar en sus localidades.
El gobierno sostuvo que el envío de oficiales del Departamento de Seguridad Nacional a Portland tenía el propósito de proteger edificios y monumentos federales, pero las autoridades locales se quejaron de que esos agentes exacerbaron las tensiones en las calles al arrestar sin causa probable a manifestantes y trasladarlos en carros sin identificar.
La decisión de utilizar fuerzas federales para ayudar a combatir problemas de crimen no es rara en el país, pero diversas voces critican ahora el carácter político que puede tener esta medida, sobre todo después de lo sucedido en Oregón, y de que el presidente remarcara su interés en dar ese paso en sitios donde hay líderes demócratas.
En una carta enviada este mes al fiscal general del país, William Barr, y al secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, los alcaldes de 14 ciudades expresaron su ‘profunda preocupación y objeción al despliegue de fuerzas federales en las ciudades de Estados Unidos’.
Los líderes firmantes criticaron a Trump por lo que dijeron que era la politización de la aplicación de la ley federal, y señalaron que la Casa Blanca con frecuencia ha hecho blanco de ataques a figuras demócratas.
Washington, 30 julio 2020
Crónica Digital/PL
