Las críticas al gobierno de Chile por lo que muchos consideran una política errática en el combate al COVID-19 aumentan a pesar de los argumentos de La Moneda de estar haciendo todo lo posible.
Este lunes el presidente Sebastián Piñera ordenó el cierre de las fronteras terrestres, puertos y aeropuertos a los viajeros extranjeros y declaró la Fase 4 en el país, lo cual significa que no es posible impedir la propagación de la enfermedad a nivel comunitario.
Muestra de ello es que si el domingo había 75 casos reportados, 24 horas después la cifra aumentó a 156.
Según estudios, ello indica que en América Latina Chile ocupa el primer lugar en cuanto a la velocidad de propagación del nuevo coronavirus, y posee el mayor número de enfermos en comparación con el total de la población, tan solo 14 días después de que se anunciara el primer caso.
En redes sociales aumentan las críticas al gobierno en ese sentido y las interrogantes del por qué ha sido tan rápida la propagación si el ejecutivo asegura que estaban previstas todas las medidas para contener la pandemia en el país.
Asimismo advierten de contradicciones evidentes en la toma de medidas, como ocurrió cuando el gobierno decidió suspender las clases en las enseñanzas preescolar, primaria y media presionado por los gobiernos municipales, mientras el ministro de Salud, Jaime Mañalich, opinaba por su lado que esa medida era innecesaria.
También se le achaca al ejecutivo que las decisiones aparecen por goteo, pues en apenas cuatro días el presidente Sebastián Piñera salió tres veces a anunciar diferentes disposiciones pero no un plan bien estructurado.
Tampoco faltan los señalamientos a la lentitud de las autoridades en poner coto a la especulación con productos de primera necesidad y aquellos necesarios para cuidarse del coronavirus, como las mascarillas y gel antiséptico, que se han perdido de las farmacias pero se venden en el mercado negro a precios exorbitantes.
Desde el Colegio Médico, su presidenta, Izkia Siches, ha sido especialmente precisa en sus señalamientos, al exponer que se deben aplicar medidas más consistentes y con mayor anticipación para detener el avance y propagación de la dolencia.
Incluso, con mayor determinación que el propio gobierno, puso el dedo en la yaga y planteó la posibilidad de posponer el trascendental plebiscito constituyente previsto para el 26 de abril, y promovió una reunión con los representantes de todos los partidos.
Al parecer, entre las bancadas del oficialismo y la oposición avanza el convencimiento de que sería oportuno cambiar la fecha para realizar con todas las condiciones necesarias la importante consulta con las urnas a la que están convocados 18 millones de chilenos, aunque el tema todavía se mantiene en estudio por las fuerzas políticas.
Santiago de Chile, 17 de marzo 2020
Crónica Digital /PL