Como un caso de “violencia obstétrica” y de “discriminación” fueron calificadas por el tribunal, la vulneración de derechos a una mujer en la cárcel de Concepción.
La Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en favor de una interna de la sección femenina de la cárcel de Concepción, a quien funcionarios del Hospital Guillermo Grant Benavente – a modo de castigo y luego de haber tenido un embarazo complejo-, no le administraron anestesia al momento del parto, sin justificación alguna y tras haber sido solicitada en diversas oportunidades por la paciente.
El tribunal calificó la situación como un caso de “violencia obstétrica”, ya que la afectada además de no recibir las atenciones de rigor, fue dada de alta tempranamente. Tampoco fue considerado su trastorno bipolar agresivo al momento del procedimiento.
“Tales actuaciones arbitrarias han afectado la integridad física y psíquica de V.C.D., garantizadas en el artículo 19 Nº1 de la Constitución Política de la República, desde que experimentó un dolor y sufrimiento innecesario por no recibir la anestesia solicitada –evidenciando un supuesto típico de la denominada “violencia obstétrica– y porque, además, se vio expuesta a no contar con las atenciones post parto de rigor en virtud de un alta médica precipitada y caprichosa”, establece el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción.
El caso fue calificado también por la justicia como discriminatorio, dado que una medida disciplinaria como la relatada sólo se le aplicó por estar privada de libertad.
Agrega el dictamen que “a juicio de estos sentenciadores el hecho de dar de alta a la afectada ‘como medida disciplinaria’ a escasas horas de haber dado a luz, constituye una arbitrariedad manifiesta que carece de todo sustento, aun cuando ello se deba a las agresiones verbales atribuidas a Valentina Córdova, pues la salud de las personas está por sobre cualquier medida correctiva o sancionatoria”.
Por estos motivos el hospital deberá ajustar todos sus protocolos a la normativa internacional suscrita por Chile, en materia de atención a mujeres privadas de libertad, embarazadas y/o con hijos lactantes, y tuvo que iniciar un sumario para establecer las responsabilidades del caso.
Sobre el dictamen la jefa regional del INDH, Carolina Chang, sostuvo que “hemos denunciado la deshumanización del sistema carcelario, que impacta, en este caso, a una mujer embarazada. Por otro lado, tal como en la situación vivida Lorenza Cayuhan (engrillada al momento del parto), las condiciones del parto permiten revisar un tema escasamente discutido en Chile, como es la violencia hacia las mujeres que, en el marco del embarazo, el parto y el puerperio, ejercen los agentes de salud”, señaló.
Santiago de Chile, 17 de septiembre 2019
Crónica Digital
